Saltillo y La Laguna, ejemplo nacional: México endurece reglas para operadores de pipas tras tragedias evitables
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Un análisis de la columna del periodista Martín Espinosa, publicada en Excélsior, pone en el centro del debate la certificación obligatoria de operadores de pipas en México
Saltillo y la Comarca Lagunera aparecen como puntos clave en el análisis del periodista Martín Espinosa, quien en una reciente columna publicada en el diario Excélsior advierte que en México ya no es posible seguir calificando como “accidentes” hechos que, en realidad, responden a fallas estructurales del Estado.
La discusión surge a partir de la decisión federal de imponer la certificación obligatoria a operadores de pipas de gas LP e hidrocarburos, una medida que busca reducir riesgos mortales en zonas urbanas y carreteras.
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El texto retoma como antecedente la explosión de una pipa de gas ocurrida en septiembre del año pasado en Iztapalapa, en el puente de La Concordia, un episodio que exhibió los vacíos en supervisión, capacitación y control operativo. Lejos de tratarse de un hecho fortuito, el caso evidenció las consecuencias de permitir que unidades de alto riesgo circulen con operadores sin estándares técnicos comprobables.
A partir de este contexto, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) activó, desde el 1 de enero de 2026, un proceso obligatorio de certificación para cerca de 80 mil operadores en todo el país. La primera etapa contempla evaluar y certificar a 15 mil conductores entre enero y marzo, mediante pruebas teóricas y prácticas que acrediten capacidades reales.
El análisis subraya que esta política representa un parteaguas: por primera vez se deja atrás la lógica de las “constancias de papel” y se exige demostrar habilidades efectivas para operar unidades que transportan sustancias altamente peligrosas. El mensaje institucional es claro: la seguridad pública no puede seguir descansando en la simulación administrativa ni en la buena fe de las empresas.
No obstante, el planteamiento va más allá de las pipas de gas. El propio Espinosa advierte que la certificación debería extenderse a todo el transporte federal de alto riesgo, incluidos autotanques, tráileres de doble remolque y unidades que trasladan químicos o combustibles, los cuales atraviesan diariamente zonas habitadas y corredores carreteros estratégicos.
MODELOS REGIONALES QUE YA OPERAN
En este escenario, Saltillo y la Comarca Lagunera destacan por contar desde hace años con un modelo funcional de formación y certificación de operadores, en el que participan una institución adscrita a la SEP, una universidad privada y el Gobierno federal. Dentro de este esquema se integra UTEST, universidad especializada en capital humano del sector transporte, que combina entrenamiento práctico con validación de competencias, alejándose de esquemas meramente teóricos.
El análisis resalta que este modelo demuestra que la profesionalización es viable cuando existe coordinación institucional y visión de largo plazo, convirtiéndose en una referencia que podría replicarse a escala nacional.
México cuenta hoy con la norma y con ejemplos que funcionan. El reto, concluye el análisis, es transformar la certificación obligatoria en una política pública permanente y no en una reacción tardía ante tragedias evitables. En un sector donde la improvisación suele cobrarse vidas, profesionalizar ya no es opcional, sino una obligación del Estado.