Acompaña Obispo Emérito de Saltillo a víctimas de El Charco a 27 años de la masacre
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CHILPANCINGO, GRO.— A 27 años de la masacre ocurrida el 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, Guerrero, organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y sobrevivientes exigieron al Estado mexicano justicia y el reconocimiento de responsabilidad del Ejército Mexicano en los hechos. Desde Coahuila, el obispo emérito Raúl Vera López —conocido por su labor en casos de impunidad— participó en el acto conmemorativo y reafirmó su compromiso con las víctimas.
Durante la ceremonia en la cancha de la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, lugar donde militares asesinaron a 10 indígenas y a un estudiante de la UNAM, se recordó que los hombres estaban reunidos para organizarse en busca de una vida más digna. “Fue una ejecución directa de los soldados”, denunció Ericka Zamora Pardo, sobreviviente del ataque.
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En una marcha previa por el pueblo, y posteriormente en el acto político, los asistentes mencionaron los nombres de las víctimas: Onorio García Lorenzo, Mauro González Castro, Mario Chávez García, Fidencio Morales Castro, José Rivera, Zeferino Damián, Fernando Félix Guadalupe, Daniel Jiménez, Manuel Francisco Prisciliano, Apolonio Jiménez García y Ricardo Zavala, este último estudiante de la UNAM.
Desde hace 13 años, el obispo Raúl Vera acompaña el caso ante instancias internacionales. “Gracias por llevar nuestra causa a la CIDH. Hoy esperamos el informe de fondo para que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se obligue al Estado mexicano a rendir cuentas”, expresó Zamora.
En entrevista, Vera López cuestionó severamente al gobierno mexicano por su omisión en esclarecer los hechos. “El Ejército es responsable de este crimen. La impunidad continúa, y eso refleja el abandono de la justicia en nuestro país”, expresó. Señaló que los primeros responsables de la falta de justicia son las propias autoridades nacionales, a quienes calificó de “sinvergüenzas” por no asumir su papel.
La masacre de El Charco permanece como una herida abierta para las comunidades indígenas y las organizaciones que han acompañado el caso por más de dos décadas. Colectivos de estados como Coahuila, Guerrero y Oaxaca reiteraron la urgencia de fortalecer la memoria y la lucha por justicia, frente a una impunidad estructural que se mantiene vigente.
(Con información de La Jornada)
