Castiga Auditoría fallas en obras de ciudad judicial de Torreón, tras inversión de 400 MDP

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió ante el Poder Judicial de la Federación dos responsabilidades administrativas en contra de funcionarios, por la mala planeación y ejecución de la obra del edificio de la Ciudad Judicial de Torreón, que sufrió suspensiones en su construcción y tuvo que cambiar el proyecto original debido a que no se le autorizó una altura de 21 metros por estar cerca del Aeropuerto Internacional “Francisco Sarabia”.

La ASF revisó el 100 por ciento del gasto de la construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Torreón, en el cual se tuvo una inversión de 391 millones 589 mil pesos.

La obra desde un inicio tuvo contratiempos debido a que el proyecto original abarcaba poco más de 21 metros de altura, sin embargo no se contempló su cercanía con el Aeropuerto Internacional “Francisco Sarabia” de Torreón, y la Dirección General de Aeronáutica Civil no otorgó el permiso necesario.

La empresa Global Mexicana de Infraestructura, encargada inicialmente de ejecutar el proyecto, dejó los trabajos por la falta de esa autorización en el mes de abril de 2017.

La ASF concluyó en su verificación de los gastos y proyecto de la obra que: “no se administraron con criterios de eficiencia, eficacia y economía, transparencia y honradez los recursos destinados a la construcción (...) para cumplir los objetivos y metas previstos”.

Además encontró otras deficiencias como que no se ejecutaron en su totalidad los trabajos contenidos en el proyecto ejecutivo original como la guía “podotáctil”, la señalización de braille y protección de concreto de muebles sanitarios contra el vandalismo.

“Se presentaron deficiencias de calidad en las fachadas principal y posterior del edificio y en el piso de concreto del estacionamiento del área de indiciados”, explica en su informe la ASF.

Una promoción de responsabilidad administrativa es “por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no administraron los recursos asignados al proyecto con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir con los objetivos y metas previstos, ya que autorizaron la ejecución de trabajos con base en un proyecto rechazado por la Dirección General de Aeronáutica Civil...”.

La segunda promoción de responsabilidades tiene que ver con “las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado número CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016 se realizaran de conformidad con el proyecto ejecutivo autorizado”.

La deficiencia encontrada fue que “se instaló una guía ‘podotáctil’ plástica de dos barras, cuando el proyecto indica que debe ser metálica; y porque en el estacionamiento de los vehículos para el traslado de indiciados se tiene un desnivel con respecto al de la calle, cuando el proyecto indica que la pendiente debe ser continua y descendente desde la banqueta interior de dicho estacionamiento hasta la avenida exterior”.