Coahuila: Llama diputado a fortalecer justicia cívica, como vía para resolver conflictos

Mientras el Congreso de Coahuila mantiene sin dictaminar la propuesta de reforma presentada en septiembre de 2024 para establecer juzgados cívicos en los 38 ayuntamientos del estado, el diputado Gerardo Aguado presentó ante el Pleno un exhorto dirigido a los gobiernos municipales para que, con base en sus capacidades presupuestales y densidad poblacional, avancen en la implementación del modelo de justicia cívica como herramienta para fortalecer la paz social y fomentar la sana convivencia.

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La importancia de este exhorto radica en que, según datos del INEGI, ocho de cada 10 personas en México han experimentado conflictos vecinales por motivos como el ruido, la limpieza, el uso de espacios comunes, la tenencia de mascotas, la invasión de cocheras, el ambulantaje, el consumo de alcohol en la vía pública, así como disputas familiares, fiestas callejeras o incluso diferencias con comerciantes establecidos.

Aguado recordó que la reforma impulsada por él en septiembre tiene como objetivo ofrecer una vía efectiva y homologada para resolver conflictos cotidianos antes de que escalen a hechos de violencia.

Además, para evitar que represente una carga excesiva para los municipios, la propuesta contempla la posibilidad de que los ayuntamientos más pequeños compartan un mismo tribunal de justicia cívica, sobre todo en regiones con una clara integración metropolitana.

Asimismo, adelantó que ya trabaja en una segunda etapa de reforma que incluiría el trabajo comunitario como sanción alternativa a las multas administrativas, tal como ya se aplica en ciudades como Torreón y Saltillo.

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Esta medida permitiría que quienes cometan faltas menores contribuyan al bienestar colectivo mediante labores como limpieza, pintura o mantenimiento de espacios públicos.

Aguado añadió que el modelo de justicia cívica está diseñado para operar con una perspectiva de derechos humanos, con jueces capacitados, protocolos claros y mecanismos que garanticen la proporcionalidad y legalidad de cada sanción.

Mientras esta iniciativa sigue en espera de dictamen, el Congreso busca hacer un llamado a los ayuntamientos para avanzar desde lo local en la construcción de una cultura de legalidad y sana convivencia ciudadana.