Desde 2009, CDHEC ha recibido 15 quejas contra directores de cárceles por tortura y maltrato
Al menos en los últimos 15 años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) ha venido acumulando quejas de internos que han sufrido tortura por parte de directores de diferentes penales de la entidad.
Información obtenida vía trasparencia, (solicitud folio 050309600000425), confirma que de 2009 a la fecha la CDHEC recibió un total de 15 quejas, en las cuales presos de todo el estado señala a directores de los distintos centros de reinserción social como responsables del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumaos o degradantes.
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De estas quejas tres aún se encuentran en trámite, como casos vivos.
El pasado lunes 10 de marzo Semanario publicó la historia de Eduardo Vargas Solís, un abogado con maestría en amparo, que por 19 años padeció tortura en los panales estatales por los que transitó, esto tras haberse declarado culpable del asalto a una camionera de valores, y luego de que las autoridades penitenciarias le fabricaron los delitos de secuestro y homicidio.
En el reportaje Eduardo denunció a Miguel Ángel Rosales Saucedo, Jesús Francisco Estrada Picena e Israel Frías Luna, los cuales ocuparon los cargos de directores de las cárceles estatales durante las casi dos décadas que estuvo tras la rejas, como sus principales verdugos.
Vargas Solís, quien fungió como su propio defensor, ha cuestionado la deficiente actuación de la Fiscalía General del Estado, así como de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en la investigación de su caso.
REACCIONA FGE
El pasado miércoles, la Fiscalía General del Estado emitió un citatorio en el que requiere al licenciado Mario Cruz Gauna, asesor jurídico, para que realice una entrevista a Eduardo Vargas Solís, el próximo martes 18 de marzo en sus oficinas de la región norte con sede en Piedras Negras, a fin de que precise datos que ayuden a esclarecer los hechos denunciados en la carpeta de investigación.
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Eduardo declaró a VANGUARDIA que una de sus demandas primordiales a la autoridad es que se le practique el Protocolo de Estambul, que confíeme y evalúe el grado de tortura física y psicológica al que fue sometido. Además de la reparación del daño y castigo para sus torturadores.
