Familia denuncia corrupción en el Centro de Justicia Penal y en la PRONNIF de Saltillo

Una familia saltillense denunció públicamente presuntos actos de corrupción en el Centro de Justicia Penal de Saltillo y en la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), tras la detención de Amado Hernández, un joven con nacionalidad hondureña y mexicana, acusado de violación en perjuicio de su pareja sentimental, una menor de 17 años identificada como Estrella N.

El caso ha generado controversia debido a que la propia joven asegura que su relación fue consentida, que vivían en unión libre y que juntos procrearon una hija. Sin embargo, la PRONNIF levantó una denuncia de oficio, lo que derivó en la detención del joven el pasado 8 de septiembre.

De acuerdo con la denuncia de los familiares, a Hernández se le ha negado la posibilidad de contratar un abogado particular, imponiéndole defensa de oficio bajo el argumento de que no puede contar con representación externa. Incluso, afirmaron haber recibido amenazas de que, si insistían en contratar a un defensor, se solicitaría la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM) para su deportación.

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Cabe señalar que Amado Hernández llegó a Saltillo como refugiado, tras ser víctima de un ataque armado en su país de origen. Posteriormente obtuvo la nacionalidad mexicana, lo que hace más complejo el panorama legal que enfrenta.

El joven fue trasladado al penal de Saltillo el 9 de septiembre alrededor de las 22:00 horas, y al día siguiente, el 10 de septiembre, se realizó su audiencia en el Juzgado Penal. No obstante, familiares y allegados aseguran que se les ha impedido verlo, bajo el argumento de que no son parientes directos, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre su situación legal.

Por su parte, la presunta víctima relató que el 9 de septiembre tuvo una cita en la PRONNIF, donde fue atendida por personal jurídico que le informó que debía aceptar la defensa de oficio. En esa misma reunión, una abogada incluso sugirió la posibilidad de gestionar documentos para la deportación del imputado.

Hasta el momento, la investigación se mantiene en total hermetismo, sin que las autoridades hayan emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones de corrupción ni sobre el proceso legal en curso.

La familia de Hernández pidió la intervención de organismos de derechos humanos y asociaciones de protección a migrantes, al considerar que se han violentado sus garantías procesales y su derecho a una defensa justa.