Investigan a Cargo Gas en Saltillo por posible delincuencia organizada: FGR
La FGR investiga no solo la posible venta ilegal de combustible, sino también vínculos con delitos de delincuencia organizada
La delegación en Coahuila de la Fiscalía General de la República confirmó que los cateos realizados ayer en varias estaciones de servicio de la cadena Cargo Gas en Saltillo derivaron en la apertura de una investigación por posibles delitos de delincuencia organizada.
Los cateos se efectuaron el día de ayer en al menos cuatro gasolineras de la empresa Cargo Gas, con la participación de elementos de la Policía Federal Ministerial, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y peritos especializados.
TE PUEDE INTERESAR: Evitan policías que mujer se arroje de puente peatonal en la Zona Centro de Saltillo
Los tres puntos que permanecen inhabilitados son las gasolineras ubicadas en las colonias Valle de San Agustín, Teresitas y Mirasierra.
De acuerdo con la autoridad federal, aunque inicialmente los operativos se relacionaron con presuntas irregularidades en la retención y comercialización de hidrocarburos, los hallazgos obtenidos en los cateos motivaron que el caso se eleve a una indagatoria por delitos más graves que únicamente el posible almacenamiento ilegal o la comercialización del combustible.
Aunque la investigación empezó con la cruzada nacional que se desarrolla en todas las delegaciones de la FGR del país, el caso pasó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
En este caso también participa la Fiscalía Especializada en Materia de Hidrocarburos, que investigará por su parte el origen de los hidrocarburos que eran distribuidos.
Hasta el momento, la fiscalía no ha precisado el número de personas detenidas o aseguramientos adicionales derivados de los operativos, pero destacó que las indagatorias continúan y podrían ampliarse a otros establecimientos vinculados a la misma red comercial.
La FGR indicó que, conforme avance la investigación, se determinará la posible responsabilidad de directivos, operadores o terceros involucrados en la comisión de delitos que podrían configurarse como delincuencia organizada.