Proponen Ley de Austeridad de Coahuila para terminar con los excesos

Con el objetivo de alcanzar un ahorro anual de hasta 5 mil millones de pesos, el diputado Edgar Sánchez Garza propuso expedir una nueva Ley de Austeridad para el Estado, que contempla reducir el gasto en viáticos, telefonía y otros conceptos como el pago de escoltas. Además pide prohibir expresamente el otorgamiento de pensiones vitalicias.

El legislador independiente propuso este martes un nuevo ordenamiento para reestructurar el ejercicio del gasto en el Gobierno del Estado y que el ahorro que se genere, se destine a rubros prioritarios para la entidad.

“A lo mejor hasta 5 mil millones, estamos hablando de un 10 o 15 por ciento de ahorro con acciones como bajar la nómina, en publicidad, pero el ahorro no es solo ahorrar, sino usarlo donde lo necesitamos, como pueden ser medicamentos, apoyos sociales, mismas obras de infraestructura, entre otras cosas que tienen que ser prioritarias”, dijo.

Sánchez Garza señaló que la propuesta contempla eliminar el excesivo gasto que representa el pago de los servicios de escolta, que en los últimos años se presta a funcionarios aunque no tengan que ver con temas de seguridad en su quehacer. 

Aseguró que ese rubro quedaría reservado para servidores con responsabilidades en materia de seguridad, procuración de justicia, así como el Ejecutivo del Estado.

También se propone la reducción del gasto en servicios de telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, pasajes, congresos, convenciones, entre otras actividades.

Necesitamos ahorrar para hacer un bien, inversión en obra púbica, infraestructura, ahorro en cosas de las que no estamos haciendo buen uso. La tendencia es que sí se apruebe esta propuesta, el gobierno federal lo está implementando y tenemos que aplicarlo, hay que ir con el mismo movimiento en la nación”, dijo.

Por otro lado y aunque no existe por decreto en la Ley, la propuesta también contempla prohibir expresamente el otorgamiento de pensiones vitalicias para quienes fungen como ejecutivos estatales. Además, los vehículos del estado sólo podrán destinarse a actividades prioritarias y prestación de servicios directos a la población.

Finalmente se estipula que no se puedan constituir fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni aportaciones que pretendan alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.