Reabren investigación por violencia contra menores en Saltillo; acusan ‘tráfico de influencias’ de funcionaria
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Tras meses de batallas legales y denuncias de presunto tráfico de influencias, un juez ordenó la reapertura de una carpeta de investigación por violencia física y psicológica en contra de dos menores de edad
La denuncia, encabezada por Eva Macías, hermana mayor de las dos jóvenes señaladas como víctimas, señala directamente a la madre de las adolescentes, quien se desempeña como servidora pública, como la responsable de las agresiones y de utilizar su cargo para frenar el proceso judicial.
El conflicto legal inició en septiembre del año pasado, cuando se realizaron las primeras entrevistas y dictámenes médicos y psicológicos a las menores, de 13 y 17 años, en instancias como la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), y el Centro de Salud Mental. Según el testimonio de Macías, desde el inicio se presentaron irregularidades.
“El Ministerio Público demoró la apertura de la carpeta a pesar de contar con las pruebas y, para el 16 de diciembre, un juez decidió dar carpetazo al asunto, restituyendo la custodia a la madre sin haber realizado las investigaciones pertinentes”, declaró.
Macías indicó que las valoraciones psicológicas y las pruebas fotográficas integradas inicialmente en el expediente confirmarían que las adolescentes han sufrido abuso físico y daño emocional.
“Ellas temen por su vida, no quieren volver a casa con su madre... han manifestado desde el momento inicial que temen por su integridad”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos denunciados fue el uso de los mecanismos de búsqueda de la Fiscalía con fines personales.
“El pasado 23 de diciembre se activó una ficha de búsqueda para la joven de 17 años, a pesar de que la madre sabía que la menor se encontraba a salvo con sus familiares”, dijo Macías.
“La ficha duró varios días arriba... hasta que logramos que la bajaran porque no estaba desaparecida ni en riesgo”, explicó Macías, señalando que este acto fue una estrategia de presión por parte de los abogados de la funcionaria para forzar el regreso de las adolescentes a su hogar.
Con la resolución judicial de hoy, la Fiscalía deberá retomar las averiguaciones y realizar las diligencias necesarias para determinar la situación de las menores, quienes actualmente permanecen bajo el cuidado de su tía.
“Pedimos que las autoridades dejen de ceder ante las influencias políticas y laborales de la madre”, expresa Macías.
