Saltillo: descartan vinculación a proceso contra funcionario en caso de presunto abuso
Activista lamentó la decisión de la autoridad judicial y consideró que se dejó de lado los derechos de las menores involucradas
Tras una audiencia que se prolongó por más de seis horas, una jueza determinó no vincular a proceso a Roberto, funcionario que enfrentaba una denuncia por presunto abuso en agravio de sus dos hijas menores de edad.
La resolución generó inconformidad entre la madre de las menores y colectivos de acompañamiento a víctimas, quienes señalaron que durante el procedimiento no se valoraron adecuadamente diversos elementos probatorios presentados.
La audiencia de vinculación a proceso inició alrededor del mediodía y concluyó aproximadamente a las 18:30 horas.
De acuerdo con la activista Jackelin Campbell, quien brindó acompañamiento a las víctimas, la juzgadora retomó principalmente los argumentos expuestos por la defensa del imputado para sustentar la determinación de no vincularlo a proceso.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó diversos elementos de prueba, entre ellos el testimonio de una hija de una relación anterior del acusado, quien actualmente es mayor de edad y declaró haber sido víctima de abuso por parte de su padre.
No obstante, la autoridad judicial consideró que los datos de prueba aportados no eran suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado y ordenar su vinculación a proceso.
ANTECEDENTES DE VIOLENCIA
El caso se ha mantenido en proceso durante varios meses y ha generado controversia desde etapas previas del procedimiento judicial.
El pasado 10 de junio, la jueza Sandra Juárez rechazó imponer la medida cautelar de prisión preventiva contra el acusado, al considerar que no existían elementos que acreditaran la comisión de nuevos actos de hostigamiento posteriores a los hechos denunciados.
Por su parte, la madre de las menores, de 13 y 9 años de edad, ha denunciado públicamente ser víctima de violencia institucional y vicaria. Según su testimonio, el proceso ha estado marcado por diversas irregularidades, entre ellas la presunta pérdida de expedientes y obstáculos burocráticos que han dificultado el avance del caso.
La familia de las niñas y su representación legal lamentaron la resolución judicial, al considerar que los derechos e intereses de las menores no quedaron debidamente protegidos.
Asimismo, señalaron que el acusado cuenta con denuncias previas por presunta violencia física y psicológica durante relaciones sentimentales anteriores, además de antecedentes de conflictos por agresiones.
