‘Si Derechos Humanos no hubiera intervenido, nos habrían desaparecido’, dice saltillense detenida en Zacatecas

A más de 6 meses de los actos de represión ocurridos durante la marcha del 8 de marzo en Zacatecas, las víctimas aún no reciben justicia ni reparación del daño. El operativo, que contó con la participación de más de 600 policías estatales, municipales, de tránsito y fuerzas especiales (FRIZ), resultó en la detención de 18 mujeres, 9 que denuncian haber sido víctimas de tortura física y psicológica durante y después de los hechos.

Una de las mujeres agredidas, residente de Saltillo, compartió que la detención se produjo en el Callejón de las Campanas, donde las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos, extintores y golpes para dispersar a las manifestantes. “Si Derechos Humanos no hubiera intervenido, nos hubieran desaparecido”, afirmó la mujer, señalando que su intervención evitó que la situación escalara aún más.

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Las detenidas, según el testimonio, fueron amenazadas con ser “regresadas en bolsas negras” y paseadas en patrullas durante más de 40 minutos, pese a que el trayecto entre el lugar de detención y las instalaciones policiales es considerablemente más corto. Las mujeres también denunciaron que, tras ser detenidas, se les tomaron huellas digitales de manera irregular, lo que fue frenado por la intervención de una abogada.

Hasta la fecha, se han interpuesto nueve denuncias por parte de las víctimas, quienes acusan a las autoridades de Zacatecas de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, y tortura. Sin embargo, el proceso judicial ha enfrentado múltiples trabas. Una de las víctimas explicó que “la semana pasada intentaron dar carpetazo a una de las denuncias”. La negativa del Estado a reconocer el delito de tortura ha sido uno de los mayores obstáculos en la búsqueda de justicia, ya que aceptar este cargo conllevaría implicaciones legales graves.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Rodrigo Reyes, ha negado su participación en el operativo, a pesar de los testimonios y evidencia en video que circula en redes sociales, y que hicieron tendencia a nivel nacional en marzo. Además, las víctimas informan que varios informes de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas han desaparecido, y que los dictámenes psicológicos realizados por la Fiscalía han resultado negativos en su mayoría, negando el impacto psicológico de la represión.

El Protocolo de Estambul, un procedimiento especializado para determinar la existencia de tortura, ha sido solicitado por las víctimas, pero su aplicación ha sido obstaculizada por las autoridades. Ante esta situación, las afectadas han denunciado la falta de amparo jurídico y las graves secuelas psicológicas y físicas que les dejó el operativo.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha sido sancionada, y las peticiones de las víctimas, que incluyen una disculpa pública del gobernador de Zacatecas, David Monreal, y la renuncia de Rodrigo Reyes, no han sido atendidas. Las víctimas continúan enfrentando incertidumbre, con el temor constante de que sus casos sean archivados sin justicia.