Urge detener el ecocidio causado con la invasión a la Sierra de Zapalinamé en Saltillo: Activista

“Por supuesto que la invasión de predios entraña un conflicto social; quien diga lo contrario desconoce el asunto o está hablando con un sesgo o interés político partidista”, aseveró la activista social Diana Isabel Hernández Aguilar.

“A este paso, vamos a terminar con sierras como la de Zapalinamé, que es nuestro pulmón”, previó la también expositora y conferencista de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

TE PUEDE INTERESAR: ¿Los has visto? Estos contenedores rosas en Saltillo tienen un propósito: Conoce esta innovadora forma de donar

En entrevista para VANGUARDIA, declaró que la construcción de viviendas en áreas naturales protegidas es un hecho más recriminable, pues “cada vez tenemos un aire más contaminado, que seguimos respirando, y nadie se ocupa de eso”.

Al referirse a la posesión ilegal de predios en áreas ya urbanizadas, consideró que resulta aún más “inadmisible” que se construyan fraccionamientos en zonas consideradas reservas naturales... “¡Eso está peor!”, afirmó.

Si bien la mancha urbana de Saltillo no dispone prácticamente de espacios hacia dónde extenderse, “urge que los expertos en desarrollo urbano tomen cartas en el asunto para que no se afecte más al medio ambiente”, subrayó.

La abogada litigante se mostró extrañada de que el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, haya afirmado que la invasión de áreas naturales protegidas para uso habitacional no consiste en un problema social.

“Claro que la invasión de predios no solamente es consecuencia de un complejo problema social, sino que también genera conflictos comunitarios”, subrayó.

“Al momento en que arbitrariamente la gente invade los terrenos, lo hacen sabiendo que estos tienen propietarios que, en muchas de las ocasiones, paga impuestos y servicios”, explicó.

Dichos posesionarios son “gente patrocinada por políticos del estado que deciden asaltar, cometer delitos, como el de despojo, perturbando y tomando la posesión del bien inmueble”, refirió.

“Parte del conflicto social consiste incluso en darle poder a las lideresas y permitir que se enriquezcan a costillas de la gente que, ilusamente o con la fe de hacerse de un terreno a bajo costo, lo pagan”.

“Al último”, prosiguió, “las lideresas no les respetan lo que las personas compraron, pues los expulsan en el primer atraso de los abonos, para luego revender la propiedad, en una historia de estafas sin fin”.

Hernández Aguilar indicó que esto ha acarreado una serie de denuncias ante la Fiscalía General del Estado, en donde, “para colmo, nunca proceden; nunca quieren librar las órdenes de aprehensión en contra de las lideresas”.

Tal es el caso, denunció, de Prudencia Santana, quien, en un sector que ella misma denominó “Colonia Independencia”, situado por Las Margaritas, tras el Cerro del Pueblo, despojó de un terreno a una familia de apellido Ascasio.

En dicho predio, de aproximadamente 12 hectáreas, “ha introducido a mucha gente, provocando un caos, ya que no tienen servicios públicos: ni agua, ni electricidad”.

En virtud de ejemplos como este, “el conflicto social se vuelve evidente, ya que va escalando en otros problemas, como el de falta de servicios públicos, de no impartición de justicia por los delitos que se cometen y que quedan impunes, generándose finalmente un deterioro patrimonial a las familias afectadas”, externó.