La justicia cercana fortalece la democracia

Recientemente se llevó a cabo en Monclova la quinta edición del programa de Atención Itinerante “Por una Justicia Cercana”, de la Defensoría Pública Electoral (DPE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Al encuentro asistieron representantes de los pueblos Kikapú, Mascogos, Mazahua y N’dee, con presencia histórica en Coahuila, así como organizaciones de la sociedad civil integradas por grupos en situación de vulnerabilidad.

El objeto de dicho evento fue claro: acercar la justicia a la gente, cuestión que me llevó a una interesante reflexión, a propósito de mi participación en la inauguración, la cual deseo compartir en este espacio.

Durante siglos, la palabra “justicia” se ha asociado a grandes palacios de mármol, expedientes interminables y un lenguaje técnico que parece diseñado para que el ciudadano común no lo entienda. Tradicionalmente, acudir a los tribunales se percibe como un laberinto burocrático, costoso y frío. Para el ciudadano de a pie, la justicia muchas veces se siente lejana, ajena y, en el peor de los casos, indiferente.

Pero la justicia no nació para habitar en torres de marfil, sino para las calles, para los hogares, para las escuelas y los lugares de trabajo: para atender y resolver los conflictos sociales con base en las reglas que la propia comunidad se dio para convivir. La verdadera justicia es la que resuelve los conflictos cotidianos: el problema vecinal que escala, la pensión alimentaria que no llega, el despido injustificado o la defensa de los derechos de una comunidad vulnerable. Si el sistema no es capaz de dar respuestas prontas y comprensibles a estos problemas diarios, entonces el sistema está fallando a propia su razón de ser.

¿Qué significa, en la práctica, tener una justicia cercana?

Significa, en primer lugar, romper las barreras del lenguaje. Una justicia transparente exige términos claros. Los jueces y operadores jurídicos deben dejar atrás los tecnicismos innecesarios para hablar en lenguaje ciudadano que cualquier persona pueda comprender. Cuando un ciudadano entiende por qué se tomó una decisión sobre su vida o su patrimonio, la legitimidad de las instituciones se fortalece.

En segundo lugar, una justicia cercana requiere sensibilidad y empatía. Detrás de cada número de expediente no hay sólo papeles, leyes y códigos; hay una historia humana, un rostro, una familia y, con frecuencia, una profunda situación de dolor o vulnerabilidad. El acceso a la justicia no puede seguir castigando la pobreza ni la falta de recursos. Debe ser un terreno plano donde la dignidad humana sea el principio rector, garantizando que comunidades indígenas, personas con discapacidad y minorías lingüísticas cuenten con intérpretes y procesos adaptados a sus realidades.

En tercer lugar, la cercanía implica eficiencia y descentralización. No podemos obligar a las personas a viajar horas o a gastar lo que no tienen para exigir un derecho básico. Debemos potenciar la justicia de proximidad y, sobre todo, los mecanismos alternativos de solución de controversias. La mediación y el diálogo directo permiten solucionar en días o semanas conflictos que, de otra forma, tardarían años en los tribunales, devolviendo a los ciudadanos el control sobre sus propias soluciones.

La evolución de nuestros sistemas judiciales no debe medirse únicamente por la infraestructura digital o el presupuesto asignado, sino por el grado de confianza que el ciudadano tiene en ellos. Una sociedad que no confía en su sistema de impartición de justicia es una sociedad fracturada, propensa a la violencia y al desamparo.

Por eso, la transición hacia una justicia abierta y centrada en las personas no es un lujo teórico, sino un deber ético impostergable. El mayor desafío de nuestra era es humanizar la ley: edificar un sistema judicial que no sólo dicte sentencias, sino que escuche, comprenda y proteja a los ciudadanos de manera oportuna, transparente y humana.

Así como la igualdad no nos llega por decreto, la justicia tampoco; además de tener un marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, se requiere que existan condiciones para que puedan ejercerse plenamente y, en caso de que estos sean transgredidos, instituciones que los garanticen, porque esa es la manera de fortalecer la democracia.