Se aferran entes de Coahuila a opacidad... y no los sancionan
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Pese a ser obligadas por el ICAI, instituciones públicas se niegan a entregar información solicitada por los ciudadanos, en algunos casos desde 2019
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) emitió dictámenes de incumplimiento contra 29 instituciones de Coahuila que, pese a la intervención del organismo de transparencia, no proporcionaron información pública consultada por ciudadanos.
Los citados dictámenes se emiten después de que los ciudadanos piden inicialmente información a través de una solicitud por medio de las plataformas de transparencia; el organismo no la responde o lo hace de manera imprecisa, ante lo que el ciudadano recurre y entonces el ICAI interviene para exigir al ente que responda.
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En su última sesión, el Consejo General del ICAI revisó 63 expedientes que se tradujeron en dictámenes de incumplimiento, en casos de recursos de revisión que habían sido resueltos a favor del ciudadano desde años atrás, incluso desde 2019.
El total de expedientes van dirigidos a 29 instituciones públicas y algunas de ellas acarrean incumplimientos anteriores. Al recibir dinero público, todos estos entes están obligados a responder, a no ser que existan casos de reserva que deben ser comprobados.
De los expedientes que datan de 2019 por no entregar información, hay cuatro contra el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral; tres contra el Ayuntamiento de Frontera y uno contra el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Acuña.
Luego, entre los que se acarrean de 2020 hay 36 expedientes, de los cuales seis corresponden al Ayuntamiento de Acuña; cuatro al Instituto de Pensiones de los Trabajadores del Estado; tres contra el Ayuntamiento de San Pedro; tres contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 35; y dos contra los Ayuntamientos de Francisco I. Madero, Viesca, Zaragoza y el Clúster de Energía de Coahuila.
Del mismo año, los municipios de Monclova, Piedras Negras, Múzquiz, Jiménez, Sabinas, Ocampo, Escobedo, Allende, Simas Acuña, la Secretaría de Finanzas, el Partido del Trabajo y el Conalep, suman un caso cada uno.
Respecto a este año (2023), el Consejo General dio cuenta de otros 19 expedientes de incumplimiento, de los cuales cinco fueron dirigidos a la Fiscalía General del Estado (FGE) y los municipios de Sabinas y Acuña tuvieron dos cada uno.
Además, la Pronnif, la CDHEC, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, y los municipios de Múzquiz, Saltillo, Monclova, Matamoros, Villa Unión, Ocampo e Hidalgo, recibieron uno cada uno.
Estos actos de incumplimiento pueden derivar en sanciones impuestas por el ICAI; sin embargo, VANGUARDIA dio a conocer a finales del año pasado que entre el 2021 y el 2022, se habían emitido 545 dictámenes de incumplimiento, pero en ninguno de los casos se impuso alguna de las medidas de apremio que pueden ir desde la amonestación pública -un regaño-, hasta multas económicas e incluso, acciones administrativas contra las áreas de transparencia.
Según información proporcionada por el propio ICAI, el último año en que se registró alguna sanción por incumplir en materia de acceso a la información fue en 2020, cuando se aplicaron siete castigos a raíz de los 44 dictámenes de incumplimiento que se registraron al cierre de ese año. Todas esas sanciones impuestas se limitaron a amonestaciones públicas.
