Señala la SIP a VANGUARDIA entre los casos de hostigamiento judicial contra medios

Coahuila es uno de los seis estados del país cuyos medios periodísticos padecen mayor acoso judicial, el cual se consolida como “uno de los principales mecanismos de censura” en México, reportó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Campeche y Sonora son los casos “más notorios”, pero también hubo sanciones en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, con las que se afectó a periodistas afianzados como ciudadanos activos en redes, refiere el informe.

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Menciona a VANGUARDIA como uno de los medios cuyos derechos han resultado vulnerados por acciones jurídicas del Estado que buscan acallarlos.

A fin de inhibir la crítica, “gobernadores, legisladores y funcionarios utilizaron figuras como ‘violencia política de género’ y demandas por daño moral”.

En efecto, “la libertad de prensa enfrentó un panorama complejo” en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, “especialmente por el uso de instrumentos judiciales y regulatorios para limitar la crítica”, remarca la SIP.

Si bien la presidenta de México se ha manifestado en contra de la censura, “al mismo tiempo ha adoptado medidas que refuerzan el control gubernamental sobre el acceso de los medios y sobre la regulación de telecomunicaciones”. La jefa de la nación “ha mantenido una relación ambivalente con la prensa”.

Por otra parte, “la opacidad en torno a la pauta de publicidad oficial sigue siendo un factor crítico”, y aunque existe una mayor inversión de publicidad estatal en los medios respecto del sexenio anterior, “todavía se mantienen reglas discrecionales para favorecer a unos sobre otros”, acota.

El informe alude a la publicación de Artículo 19 México, denominada “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, que documenta 51 casos de acoso judicial hasta junio de 2024.

Entre los medios afectados por el acoso judicial, la SIP menciona a VANGUARDIA, con motivo de “un litigio mercantil, iniciado supuestamente por un adeudo de hace décadas, que derivó en la orden de embargar bienes del diario”.

“El medio denunció —se asienta— que el juicio se resolvió con rapidez extraordinaria, criterios jurídicos débiles y posibles conflictos de interés, y puso en duda la imparcialidad del Poder Judicial”.

“Otros actos en contra de VANGUARDIA a través de operativos estatales, vigilancia e intimidación a su personal reforzaron la percepción de hostigamiento judicial”, destaca la institución, haciendo notar que tanto esta como otras organizaciones han calificado el fallo como “un ataque indirecto para silenciar información crítica”.

También se señala a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por haber denunciado a Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, a quien se vinculó a un proceso por incitación al odio y violencia de género. Enfrenta igualmente una demanda civil por parte de Walther Patrón, vocero del gobierno. Sansores demandó además a los reporteros Abraham y Carlos Martínez.

Por otra parte, Karla María Estrella fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras un comentario en X sobre nepotismo entre el diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa. Estrella anunció que denunciará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En mayo de 2024, la exconsejera jurídica del gobierno de Tamaulipas, Tania Contreras López, demandó por calumnia y violencia política de género al columnista Héctor de Mauleón y al diario El Universal, por un artículo titulado “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, en el que De Mauleón denunciaba presuntas redes de corrupción ligadas al tráfico ilegal de combustibles, sobornos y extorsiones.

En junio del año pasado se aprobó en Puebla una reforma al Código Penal estatal, creando el delito de “ciberasedio” para castigar con hasta tres años de prisión y una multa de unos 40 mil pesos a quien, mediante redes sociales, correo electrónico u otros espacios digitales, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona de forma insistente, causando daño emocional o riesgo a su integridad emocional.

Periodistas y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que, durante este gobierno, la oficina de Transparencia para el Pueblo —que reemplazó al INAI— desechó el 99.6% de las solicitudes de información.

La SIP señala que, en sus conferencias de prensa, Sheinbaum Pardo eliminó el espacio “Quién es quién en las mentiras”, creado por su antecesor, aunque dejó la sección semanal “Detector de mentiras”, para responder a críticos del gobierno.

Asimismo, resalta que la presidenta suprimió el sorteo para hacer preguntas y se reservó la decisión de elegir a los periodistas que pueden interrogarla, lo cual fue interpretado como un mayor control sobre el acceso de los medios.

Igualmente, acusa a la titular del Ejecutivo federal de haber “radicalizado” recientemente su discurso contra la prensa “ante diversos medios que vinculan a funcionarios del gobierno anterior con casos de corrupción”. Claudia Sheinbaum también habría defendido a su antecesor y al hijo de este, Andrés López Beltrán.

Frente a los casos de acoso judicial en los estados, la mandataria nacional ha pedido al Senado que frene un artículo de la nueva Ley de Telecomunicaciones que facultaba al gobierno a bloquear las plataformas digitales, concluye la SIP.