Acusan persecución contra Grupo VANGUARDIA; cuestionan estado de derecho en Coahuila

Juristas y legisladores coincidieron en señalar que el caso judicial en contra de Grupo VANGUARDIA constituye un ejemplo de persecución, hostigamiento e irregularidades en la impartición de justicia en Coahuila. Afirmaron que el Poder Judicial actuó fuera de la norma con la intención de afectar directamente a este medio de comunicación, lo que demerita al sistema judicial estatal y pone en entredicho la existencia real de un estado de derecho.

Las críticas surgieron tras la resolución irregular que desechó una solicitud de amparo presentada por VANGUARDIA, lo que juristas consideran una muestra de simulación y de actuación parcial. Asimismo, señalaron que la reciente renovación del Poder Judicial, con la primera elección popular, dejó fuera a perfiles valiosos y no garantiza un sistema de justicia más cercano, eficiente y sensible a la ciudadanía.

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ACUSAN PANISTAS PERSECUCIÓN

Los diputados federales Guillermo Anaya Llamas y Marcelo Torres coincidieron en que la resolución contra Grupo VANGUARDIA debe entenderse como un acto de persecución.

Anaya aseguró que detrás del conflicto se encuentra la figura del exgobernador Humberto Moreira, cuyo propósito sería despojar al periódico de sus instalaciones. Calificó como apresurada e influenciada la resolución del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito.

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Por su parte, Marcelo Torres subrayó que el estado de derecho es indispensable para la gobernabilidad y la prosperidad de los países, y enfatizó que el Poder Judicial debe resolver sus sentencias con apego estricto a la legalidad, sin influencias políticas ni intereses ajenos que afecten a las instituciones.

UN JUICIO SIMULADO

La abogada y catedrática Diana Isabel Hernández Aguilar afirmó coincidir plenamente con el criterio expresado por el magistrado Héctor Alejandro Treviño de la Garza, quien sostuvo que el juicio mercantil contra VANGUARDIA fue improcedente al no cumplir con los requisitos ni las pruebas establecidas en las leyes en la materia.

Explicó que, si no existía un título de crédito que acreditara la deuda cierta, la vía jurídica no debía ser ejecutiva mercantil, sino ordinaria mercantil, lo que implicaba un análisis distinto del recurso o la prestación, así como de su aplicación. Al no conducirse de esa manera, el proceso desde un inicio estuvo mal planteado y, en sus palabras, se veía venir la simulación.

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La jurista, integrante de diversos colegios y barras de abogados, cuestionó que en Coahuila exista un verdadero estado de derecho, a pesar de los pronunciamientos de la administración pública estatal. Aseguró que la realidad es que no existe ni justicia ni garantías plenas de legalidad.

HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN

Judith Alejandra Rivera González, consejera jurídica del Foro Profesional de Abogados de Saltillo, coincidió en que el caso contra Grupo VANGUARDIA no respetó el debido proceso. Consideró que los tiempos procesales fueron acelerados de manera inusual, lo que refleja un interés de hostigamiento y persecución en contra de la casa editora.

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Rivera advirtió que el sistema de administración de justicia en Coahuila continúa mostrando serias deficiencias, agravadas tras las elecciones internas del Poder Judicial, de las cuales surgieron jueces que desconocen la ley o que carecen de experiencia. Recordó que, en la práctica, la justicia en el estado es relativa: en algunos casos avanza con normalidad, pero en otros tarda más de un año debido a la intervención de intereses políticos, influyentismo y prácticas dilatorias.

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UN SISTEMA DE JUSTICIA DECADENTE

En la misma línea, Heriberto Muñoz Núñez, delegado en Coahuila de la Barra Mexicana de Abogados Liberales, afirmó que VANGUARDIA es víctima de la decadencia del sistema de justicia en el estado.

Expuso que procesos similares suelen resolverse en un periodo de seis a ocho meses, mientras que en este caso se resolvió con rapidez inusual y sin contar con un título de crédito válido como documento base de la acción mercantil. Además, advirtió que persisten prácticas irregulares como juicios en tribunales sin competencia, cobros indebidos de diligencias y arreglos en la oscuridad. Todo ello, sostuvo, es evidencia clara de la crisis de imparcialidad y transparencia.

En contraste, Alfonso Yáñez Arreola, director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, defendió que sí existe estado de derecho en la entidad, pues los poderes de gobierno están sometidos al marco constitucional.

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Explicó que vivir bajo el imperio de la ley también comprende el ejercicio de la democracia participativa. Sin embargo, evitó pronunciarse a detalle sobre el caso VANGUARDIA, al señalar que todo depende del alcance y contenido del ejercicio del derecho, tanto por las partes involucradas como por las autoridades que administran justicia.

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