Solo Coahuila votará en 2026; INE propone ensayar nueva fiscalización

Con las elecciones de 2026 en Coahuila como único proceso programado en el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) considera este periodo como una oportunidad estratégica para modernizar su reglamento de fiscalización. La propuesta, encabezada por la consejera Carla Humphrey Jordan, busca adaptar los mecanismos de vigilancia financiera de campañas políticas a los desafíos del siglo XXI.

La iniciativa contempla una revisión profunda a los modelos de riesgo aplicados a partidos políticos y candidatos, en especial ante situaciones de relevancia política o sospechas de lavado de dinero. Además, pone énfasis en fenómenos emergentes como la propaganda elaborada mediante inteligencia artificial y en vacíos regulatorios vinculados a las redes sociales y los activos virtuales.

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“Estamos otra vez frente a resistencias al cambio, incluso internas en el propio instituto”, reconoció Humphrey, quien ha insistido en avanzar hacia herramientas preventivas más eficaces. De acuerdo con la consejera, el actual contexto electoral permite implementar ajustes sin la presión de un proceso nacional en marcha.

La reforma también busca atender compromisos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, proponiendo esquemas innovadores para identificar riesgos entre partidos y sus proveedores. Entre los elementos que se pondrían al día destacan procesos de comprobación de ingresos y egresos, documentación válida para registrar aportaciones, y los plazos para su entrega.

Humphrey también subrayó la necesidad de agilizar la fiscalización con apoyo de otras autoridades, en especial financieras, así como facilitar la cooperación interinstitucional y con organismos internacionales. El objetivo final es contar con un reglamento más ágil, útil y adaptado a la realidad tecnológica actual.

La más reciente experiencia del INE en esta materia fue la fiscalización de casi 8 mil candidaturas en la elección judicial extraordinaria, donde no se otorgaron recursos públicos ni se permitió contratar propaganda. El proceso evidenció la carga documental que enfrenta el órgano electoral y la urgencia de actualizar sus procedimientos.

Con la vista puesta en 2026 y rumbo a elecciones más complejas en 2027, el INE busca garantizar transparencia, eficiencia y legalidad en la supervisión de los recursos que se utilizan en campañas políticas.

(Con información de La Jornada)