Tania Flores, alcaldesa de Múzquiz, sigue acumulando denuncias penales
La señalan por tomar atribuciones de jueza para participar en un despojo en contra de la Asociación Ganadera Local
La alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores (Morena), enfrenta una denuncia más por los delitos de despojo y prevaricación administrativa en afectación de la Asociación Ganadera Local, al ordenar a la Policía Municipal el desalojo de sus instalaciones sin haber sentencia definitiva dictada por un juez, de acuerdo con Apolinar Guajardo Falcón, presidente de Asociación Ganadera Local.
Flores Guerra injustificadamente ordenó a los policías romper los candados de acceso para que tomaran posesión otras personas, se extralimitó en sus funciones administrativas (prevaricación) y entorpece la correcta administración de justicia, afectando los derechos patrimoniales de la Asociación, que tiene funciones de orden público e interés social.
La orden pretendía favorecer a Jesús Ramos Jiménez, presidente de Ganaderos Asociados de Múzquiz, y a José Martínez Chaib, quienes se ostentan como propietarios de las instalaciones, por lo que fueron denunciados por ejercicio ilegal del propio derecho y fraude por doble venta.
Ramos Jiménez, quien fue presidente de la AGL hace 30 años, asegura haber adquirido la propiedad, con el pago de 50 mil pesos de aquel entonces.
En tanto, Marco Antonio Limón Regalado, abogado de Ganaderos Asociados, y Pedro Alcalá González fueron demandados por ejercicio ilegal del propio derecho y despojo en calidad de coautores.
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Apolinar Guajardo Falcón, presidente y apoderado general para Pleitos y Cobranzas de la AGL de Múzquiz, informó que los denunciados han intentado por diversas vías apropiarse de las instalaciones con el argumento de que tienen un contrato de compra-venta.
Explicó que el contrato es nulo al ser simulado. En un momento dado, ante el riesgo de que los bienes fueran expropiados por el Gobierno Federal, los integrantes de la AGL acordaron constituir una sociedad mercantil, siendo esta Ganaderos Asociados, para proteger la propiedad y nunca hubo una compra-venta como se señala en el contrato cuya fraudulencia reclama la AGL, que siempre ha tenido el uso y distrute de los inmuebles, haciéndose cargo de las construcciones y remodelaciones.
“Los involucrados en la referida compra-venta, maquinaron el negocio jurídico y, por medio del engaño, vendieron la propiedad defraudando a la Asociación Ganadera Local, ya que la simulación fue en beneficio de Jesús Ramos y José Martínez, quienes se ostentaron como propietarios sin legítimamente serlo”.
Los denunciados iniciaron un juicio interdictal en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de la Región Carbonífera el año pasado, con “dichos fraudulentos”, sin presentar elementos suficientes de prueba y la autoridad solo ordenó que la actuaria Angélica Aguilar Cuéllar acudiera a la AGL, ubicada en la carretera Múzquiz-Boquilla en el kilómetro 2.5, a dar fe de la situación actual.
Sin embargo, también acudió la alcaldesa y los acusados, además de policías municipales, que rompieron candados y desalojaron las instalaciones por medio de la fuerza y amenazas al personal, incurriendo en varios delitos como despojo, ejercicio ilegal del propio derecho y prevaricación administrativa, por no haber sentencia definitiva.
Guajardo Falcón añadió que la alcaldesa incurre en uso indebido de facultades y abuso de autoridad y que a través de las redes sociales constantemente lo acosa e intimida, por lo que solicita medidas de protección al temer por su seguridad.
El despojo fue temporal, del 5 al 12 de mayo pasados, hasta que la autoridad jurisdiccional ordenó restituir las cosas al estado anterior con apoyo de la Fiscalía General del Estado. La afectación a la economía de la Región Carbonífera no ha sido contabilizada.
Flores Guerra injustificadamente ordenó a los policías romper los candados de acceso para que tomaran posesión otras personas, se extralimitó en sus funciones administrativas (prevaricación) y entorpece la correcta administración de justicia, afectando los derechos patrimoniales de la Asociación, que tiene funciones de orden público e interés social.
La orden pretendía favorecer a Jesús Ramos Jiménez, presidente de Ganaderos Asociados de Múzquiz, y a José Martínez Chaib, quienes se ostentan como propietarios de las instalaciones, por lo que fueron denunciados por ejercicio ilegal del propio derecho y fraude por doble venta.
Ramos Jiménez, quien fue presidente de la AGL hace 30 años, asegura haber adquirido la propiedad, con el pago de 50 mil pesos de aquel entonces.
En tanto, Marco Antonio Limón Regalado, abogado de Ganaderos Asociados, y Pedro Alcalá González fueron demandados por ejercicio ilegal del propio derecho y despojo en calidad de coautores.
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Apolinar Guajardo Falcón, presidente y apoderado general para Pleitos y Cobranzas de la AGL de Múzquiz, informó que los denunciados han intentado por diversas vías apropiarse de las instalaciones con el argumento de que tienen un contrato de compra-venta.
Explicó que el contrato es nulo al ser simulado. En un momento dado, ante el riesgo de que los bienes fueran expropiados por el Gobierno Federal, los integrantes de la AGL acordaron constituir una sociedad mercantil, siendo esta Ganaderos Asociados, para proteger la propiedad y nunca hubo una compra-venta como se señala en el contrato cuya fraudulencia reclama la AGL, que siempre ha tenido el uso y distrute de los inmuebles, haciéndose cargo de las construcciones y remodelaciones.
“Los involucrados en la referida compra-venta, maquinaron el negocio jurídico y, por medio del engaño, vendieron la propiedad defraudando a la Asociación Ganadera Local, ya que la simulación fue en beneficio de Jesús Ramos y José Martínez, quienes se ostentaron como propietarios sin legítimamente serlo”.
Los denunciados iniciaron un juicio interdictal en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de la Región Carbonífera el año pasado, con “dichos fraudulentos”, sin presentar elementos suficientes de prueba y la autoridad solo ordenó que la actuaria Angélica Aguilar Cuéllar acudiera a la AGL, ubicada en la carretera Múzquiz-Boquilla en el kilómetro 2.5, a dar fe de la situación actual.
Sin embargo, también acudió la alcaldesa y los acusados, además de policías municipales, que rompieron candados y desalojaron las instalaciones por medio de la fuerza y amenazas al personal, incurriendo en varios delitos como despojo, ejercicio ilegal del propio derecho y prevaricación administrativa, por no haber sentencia definitiva.
Guajardo Falcón añadió que la alcaldesa incurre en uso indebido de facultades y abuso de autoridad y que a través de las redes sociales constantemente lo acosa e intimida, por lo que solicita medidas de protección al temer por su seguridad.
El despojo fue temporal, del 5 al 12 de mayo pasados, hasta que la autoridad jurisdiccional ordenó restituir las cosas al estado anterior con apoyo de la Fiscalía General del Estado. La afectación a la economía de la Región Carbonífera no ha sido contabilizada.
