Tiene exsecretario de Coahuila hasta 6 meses para defenderse; es acusado de uso indebido de atribuciones por 475 mdp
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La Fiscalía Anticorrupción acusó al exsecretario de estar involucrado en los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por un monto por 475 millones de pesos de fondos federales
El delito que se imputa al exsecretario de Finanzas de Coahuila (2014-2017), Ismael “N”, por parte de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, es de tipo documental, y el exfuncionario tiene hasta seis meses después de su vinculación a proceso para presentar pruebas a su favor, además el peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, puede llevarse a la medición y la reparación del daño, explicó el abogado penalista, Gerardo Antonio Pérez.
Ismael fue vinculado a proceso ante un juez federal y tiene un plazo de dos meses para que él y su defensa aporten pruebas para desvirtuar los hechos que el Ministerio Público Federal le atribuye, también, en un plazo de dos meses podrá, su defensa o el MP, podrán solicitar cuatro meses en la investigación, pero no podrán rebasar los seis meses para pasar a la siguiente etapa del proceso.
La Fiscalía Anticorrupción acusó al exsecretario de estar involucrado en los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por un monto por 475 millones de pesos de fondos federales provenientes del Fondo para el Fortalecimiento (Fortafin).
Al desahogarse la primera etapa de investigación, y el Ministerio Público Federal recabó datos que demuestran, de acuerdo al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la probable comisión de hechos y la existencia de datos de responsabilidad en el asunto que le atribuyen explicó el abogado.
“Aún no está acusado (Ismael), lo que hay son datos para presumir su intervención en los hechos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. En el caso del peculado, es importante decir que no se requiere la apropiación de ningún recurso, sino distraer de sus usos o fines, recursos, dinero, bienes o cualquier otra cosa que tenga en administración o dominio, derivado de su función”, dijo.
En la primera etapa del proceso hay una investigación abierta, y tiene un plazo de dos meses para que la defensa pueda buscar datos de descargo o desvanecimiento de las pruebas que incriminan al imputado en los hechos.
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Después de los dos meses, cualquiera de las partes, puede solicitar agotar el plazo máximo de investigación, que es de seis meses.
Al termino de los seis meses el Ministerio Público hará un pliego de acusación, si es que encuentra mérito en la conducta del exfuncionario, para acusarlo formalmente de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, o bien si algún delito más aparece en el transcurso de la investigación, pero también puede desistirse de la acusación al considerar que no hubo datos suficientes con lo aprobado por la defensa.
En caso de ser acusado el exfuncionario, habrá un pliego de acusaciones, el cual el imputado deberá contestar en un periodo de 15 días, enseguida se fija una audiencia probatoria para determinar las pruebas que el juez federal admitirá a la defensa y al MP Federal.
También este delito admite la medición y se puede llegar a un acuerdo el cual sería de tipo reparatorio en el presunto daño al erario.
“Todos los delitos que son de tipo documental llevan una dirección del 70 al 80 por ciento de demostrada la carga probatoria, y es difícil contradecirlos, sin embargo, tiene la oportunidad de defenderse. Habría que demostrar, en el caso del peculado, la distracción o no de los bienes”, señaló el abogado saltillense.