Torreón y Monclova, con más de la mitad de los deudores alimentarios en Coahuila
El Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) de Coahuila reporta 215 casos activados en 2025, reveló recientemente el Poder Judicial. Este número refleja un incremento constante en las inscripciones que persiguen a quienes incumplen con su obligación de proporcionar pensión alimenticia a menores o personas vulnerables.
A pesar de ser pionero en la implementación del REDAM —vigente desde 2016 y público desde 2022—, el estado solo registra un 0.25 por ciento del número total de posibles deudores. Según estimaciones del Inegi, solo el 20 por ciento de las madres solteras en Coahuila perciben la pensión alimenticia, lo que deja a más de 93 mil mujeres absorbiendo esa carga económica sin recibir respaldo económico.
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Torreón encabeza el listado con 120 casos, según cifras del REDAM, seguido por Monclova con 64 registros. Saltillo presenta 18, Parras 7, Región Carbonífera 4, y Acuña 2. Aunque la mayoría de los deudores son hombres, 22 mujeres figuran en el padrón oficial.
La inscripción en el REDAM puede proceder cuando se incumple el pago de pensión en tres ocasiones en tres meses, o durante seis meses si es mensual, conforme al Artículo 308 de la Ley para la Familia de Coahuila.
Esto permite a la autoridad judicial ordenar la anotación precautoria en el Registro Público de la Propiedad y aplicar restricciones para tramitar licencias, pasaportes o cargos públicos. También se pueden habilitar embargos preventivos sobre bienes de los deudores.
Durante el primer trimestre de 2025, se denunciaron 96 nuevos incumplimientos, un aumento del 45 por ciento frente a las 66 carpetas iniciadas en el mismo periodo de 2024.
La baja cobertura del registro estatal contrasta con la realidad de cientos de madres que no reciben pensión. Además del perjuicio económico, la falta del apoyo alimentario repercute en la educación, salud y estabilidad emocional de niñas y niños.
El Poder Judicial, en colaboración con tribunales y el Sistema Nacional DIF, impulsa la búsqueda activa de menores deudores y emitirá constancias de no inscripción para quienes estén al corriente. Organizaciones como la Ley Sabina promueven reformas más estrictas, incluyendo encarcelamiento y sanciones para funcionarios públicos morosos.
