Región Laguna: fallo judicial revive debate por explotación del agua y responsabilidad empresarial
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La resolución de un tribunal federal que mantiene vigente una sentencia de la Suprema Corte sobre el acuífero de La Laguna reavivó el debate sobre la sobreexplotación del agua en la región, tema abordado por el periodista Julio Astillero
La reciente resolución de un tribunal federal que mantiene vigente una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la protección del acuífero de La Laguna ha reavivado el debate sobre la explotación del agua en una de las regiones agrícolas e industriales más importantes del norte del país.
El tema fue abordado por el periodista Julio Hernández López, conocido como Julio Astillero, en su columna publicada en La Jornada, donde señaló que en la región se libra desde hace años una “desigual batalla ciudadana” contra la sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte de grandes corporaciones.
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La Comarca Lagunera, integrada principalmente por Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, depende históricamente de estos recursos hídricos para su desarrollo agrícola, ganadero e industrial. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas han advertido durante décadas que la extracción intensiva del agua ha provocado un deterioro grave del acuífero y problemas de salud pública asociados a la presencia de arsénico en el agua.
SEÑALAMIENTOS A LA INDUSTRIA
En su análisis, el columnista apuntó particularmente a Grupo Lala, una de las compañías más importantes del sector lácteo en México, como uno de los actores señalados por la explotación intensiva del agua en la región.
La empresa, que cumplirá 76 años de fundada, es encabezada por el empresario Eduardo Tricio Haro, quien además mantiene inversiones en compañías como Aeroméxico y Televisa.
De acuerdo con el planteamiento publicado en la columna, las acusaciones sobre el uso intensivo del agua se han sostenido durante años en un contexto marcado por una legislación considerada permisiva, la concentración de concesiones de agua en pocas manos y la falta de vigilancia efectiva por parte de autoridades federales.
En 2019, ciudadanos y organizaciones civiles presentaron recursos legales para exigir la protección del acuífero. El caso llegó hasta la Suprema Corte, que en marzo de 2023 resolvió el amparo en revisión 543/2022.
En su fallo, el máximo tribunal determinó que dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua incurrieron en omisiones en la protección del acuífero, lo que contribuyó a su sobreexplotación.
La sentencia marcó un precedente importante en materia de defensa del derecho humano al agua, al reconocer que la falta de acción institucional puede afectar directamente el acceso de la población a este recurso.
INTENTO DE REVERSIÓN Y NUEVA RESOLUCIÓN
Tras el fallo de la Corte, 29 concesionarios de aguas nacionales solicitaron que se revisara la resolución con el objetivo de revocarla y reponer el procedimiento.
Sin embargo, el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del octavo circuito determinó recientemente que dicha solicitud es improcedente, por lo que la sentencia de la Suprema Corte permanece vigente.
Esta decisión judicial refuerza la certeza jurídica sobre la necesidad de proteger el acuífero lagunero y abre la puerta a posibles acciones para reparar los daños generados por décadas de explotación intensiva.
La defensa del acuífero ha recibido un amplio respaldo social y académico. Más de dos mil personas presentaron escritos ante el tribunal colegiado solicitando que la sentencia se mantuviera vigente.
Entre los apoyos destacan el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el rector de la Universidad Iberoamericana Torreón.
Las organizaciones señalaron que este respaldo refleja la relevancia social, ambiental y jurídica de garantizar la protección del acuífero y el acceso al agua para las comunidades de la región.
UN PRECEDENTE EN MEDIO DE LA CRISIS HÍDRICA
La resolución del tribunal colegiado ocurre en un contexto de creciente crisis hídrica en el país. Especialistas advierten que el sobreuso de acuíferos en diversas regiones de México amenaza la disponibilidad futura de agua para consumo humano, agricultura e industria.
En ese escenario, la decisión judicial sobre el acuífero lagunero podría convertirse en un precedente relevante para la defensa de los recursos hídricos y la rendición de cuentas de autoridades y concesionarios.
Mientras tanto, el debate continúa abierto: si los responsables históricos del deterioro ambiental deberán reparar el daño o si las soluciones seguirán dependiendo de programas financiados con recursos públicos, como el proyecto Agua Saludable para La Laguna.
La discusión, coinciden especialistas y organizaciones sociales, no sólo involucra el futuro del agua en la región, sino también la manera en que México enfrenta la gestión de uno de sus recursos más estratégicos.