EU investiga a Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos vínculos con el crimen organizado
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Estados Unidos investiga a gobernadores de Sonora y Tamaulipas por presuntos vínculos con crimen organizado y huachicol, reporta Los Angeles Times
El gobierno de Estados Unidos mantiene investigaciones contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya, respectivamente, por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el crimen organizado y el tráfico ilegal de combustible, de acuerdo con una investigación publicada por el diario estadounidense Los Angeles Times.
Según la publicación elaborada por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum en colaboración con Puente News Collaborative, las indagatorias forman parte de una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para ampliar las acciones contra funcionarios mexicanos en funciones que presuntamente mantendrían vínculos con organizaciones criminales.
La investigación señala que “Estados Unidos está investigando a dos destacados gobernadores mexicanos, según informaron varias fuentes, mientras la administración Trump amplía su campaña contra altos funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado”.
Asimismo, el reportaje advierte que “la medida contra los funcionarios gubernamentales en ejercicio amenaza con socavar al partido gobernante de México, que llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, y tensar aún más la ya de por sí tensa relación entre los dos países”.
ESTADOS UNIDOS INVESTIGA A ALFONSO DURAZO, GOBERNADOR DE SONORA, POR VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO
De acuerdo con la publicación, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y exsecretario de Seguridad federal, se encuentra entre los funcionarios de mayor perfil que son objeto de investigación.
El medio refiere que “personas familiarizadas con su caso, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, dijeron que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado y que Estados Unidos lo está investigando por supuestos vínculos con el crimen organizado”.
La investigación añade que Durazo viajaría regularmente a territorio estadounidense para recibir atención médica especializada bajo un esquema conocido como “libertad condicional por beneficio público significativo”.
Sobre este mecanismo, el reportaje explica que “el programa, conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, permite a los no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de los cargos reales o pendientes en su contra o en contra de otros”.
En ese contexto, la especialista Vanda Brown, de la Brookings Institution, declaró al medio: “En realidad, está diseñado para ser una herramienta para obtener información y pruebas”.
Los Angeles Times también señala que el periodista Luis Chaparro había informado previamente sobre la presunta cancelación de la visa del mandatario estatal y sobre su participación en dicho programa.
ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS VINCULAN A AMÉRICO VILLARREAL CON ESQUEMA DE HUACHICOLEO
Respecto al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la investigación sostiene que las pesquisas estarían relacionadas con operaciones de contrabando de combustible, actividad conocida en México como huachicol.
El reportaje indica que “la investigación contra Villarreal, de 68 años, está relacionada con el contrabando de combustible pirateado, un lucrativo comercio ilegal conocido en México como huachicol”.
Las fuentes consultadas por el diario señalaron que Villarreal también contaría con el esquema de libertad condicional por beneficio público significativo y que, durante algunos de sus cruces hacia Estados Unidos, habría sido acompañado por funcionarios estadounidenses.
Ante los señalamientos, el gobernador tamaulipeco emitió una postura en la que rechazó cualquier conducta irregular. Según la publicación, Villarreal “negó haber cometido irregularidad alguna, calificando las acusaciones de falsas, parciales y carentes de pruebas. Afirmó que, como servidor público, siempre ha sido transparente, responsable y ha respetado la ley”.
ESTADOS UNIDOS MODIFICA SU ESTRATEGIA CONTRA CÁRTELES MEXICANOS
La publicación sostiene que Washington ha modificado gradualmente su estrategia contra las organizaciones criminales mexicanas.
“Durante años, Estados Unidos se abstuvo de investigar a políticos en ejercicio en su lucha contra el narcotráfico, prefiriendo centrarse en los líderes de los cárteles. Pero a medida que muchos de los narcotraficantes más notorios de México han sido asesinados, arrestados o se han entregado, Washington ha redirigido su atención hacia el enjuiciamiento de líderes electos y agentes del orden sospechosos de estar involucrados en el crimen organizado”, señala el texto.
Los Angeles Times ubica estas investigaciones dentro de una serie de acciones recientes contra funcionarios mexicanos. Entre ellas menciona la acusación presentada en abril por el Departamento de Justicia contra diez personas, entre funcionarios y exfuncionarios, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Según el reportaje, Rocha Moya fue acusado junto con otros funcionarios de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos y favores políticos.
SHEINBAUM HA CUESTIONADO ANTERIORMENTE LAS MEDIDAS TOMADAS POR ESTADOS UNIDOS CONTRA EL CRIMEN
La investigación también recoge declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha cuestionado las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses.
Durante un acto público, la mandataria expresó: “¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado? ¿O acaso estamos presenciando cómo sectores de la ultraderecha estadounidense están utilizando nuestro país para posicionarse de cara a las elecciones de 2026? ¿O pretenden influir en las elecciones de 2027 en nuestro país?”.
Posteriormente, al referirse a las declaraciones del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, Sheinbaum afirmó: “Los asuntos de México pertenecen a los mexicanos”.
ESTADOS UNIDOS HABRÍA CANCELADO AL MENOS 50 VISAS A FUNCIONARIOS MEXICANOS
La publicación recuerda que Reuters reportó previamente que Estados Unidos habría revocado discretamente las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos.
Entre los casos públicos mencionados se encuentra el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien reconoció haber perdido su visa estadounidense y negó cualquier relación con organizaciones criminales.
De acuerdo con el reportaje, el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos habría asumido un papel relevante en la revisión y cancelación de visas, enfocándose en funcionarios presuntamente vinculados con grupos criminales catalogados como organizaciones terroristas.
No obstante, fuentes citadas por Los Angeles Times señalaron que dentro de las agencias estadounidenses existen diferencias respecto a esta estrategia, debido a que algunas consideran que la cancelación de visas puede interferir con investigaciones criminales en curso.
MORENA SE PREPARA PARA LAS ELECCIONES INTERMEDIAS DE 2027 EN MEDIO DE ACUSACIONES
La publicación señala que estas investigaciones ocurren mientras Morena se prepara para las elecciones intermedias de 2027, en las que estarán en disputa la totalidad de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.
Según el diario, dentro del gobierno mexicano existe preocupación sobre el posible impacto político que podrían generar nuevas acusaciones contra funcionarios en funciones.
El reportaje concluye que la administración estadounidense mantiene como una de sus prioridades el combate a los cárteles de la droga y que las investigaciones contra funcionarios públicos forman parte de esa estrategia, mientras continúan las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno a temas de seguridad, soberanía y cooperación bilateral.
