Vinculan a proceso a 28 personas tras disturbios en el ejido Dinamita, de Gómez Palacio
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A los detenidos se les acusa de bloqueos viales, toma ilegal de vehículos de transporte y tácticas de coacción económica
COMARCA LAGUNERA.- Como resultado de los operativos desplegados tras los incidentes del 17 y 18 de marzo en el municipio de Gómez Palacio, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) confirmó que 28 personas han sido vinculadas a proceso. A los señalados se les imputa su probable participación en delitos que atentan contra el orden público y la estabilidad económica de la región.
Los cargos presentados ante la autoridad judicial, bajo los artículos 199, 249 y 229 del Código Penal estatal, son: robo equiparado, ataques a las vías de comunicación y transporte y asociación delictuosa.
La detención de los imputados se realizó en flagrancia durante un despliegue interinstitucional. Se les señala como coautores de bloqueos viales, toma ilegal de vehículos de transporte y tácticas de coacción económica dirigidas contra corporativos industriales de la zona Laguna.
El grupo de señalados está integrado por: David G., Isela G., Damián O., José Camilo O., Bryan Uriel O., Angélica O., Édgar Guadalupe O., Damián O., Ricardo Ángel G., Flavio César G., Ángel Gabriel G., José Guadalupe C., Germán C., José Jacinto O., Reynalda H., Yesenia C., José Guadalupe C., Bernardino O., Ángel Vladimir L., Rogelio C., Valentín O., Aurora Ivette C., Refugio H., Óscar E., Alejandro R., Benjamín N., María Dolores C. y Alicia O.
El juez de control dictó prisión preventiva justificada para la mayoría, considerando la magnitud de las afectaciones. Por su parte, Alejandro R., Benjamín N., María Dolores C. y Alicia O. permanecerán bajo resguardo domiciliario. Cabe destacar que Alejandro R. solicitó la duplicidad del término constitucional, fijándose su audiencia de vinculación para el 23 de marzo de 2026.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, los ahora vinculados ejecutaron un asedio sistemático contra el sector industrial, afectando incluso a una planta de fabricación de explosivos. Estas acciones no solo pusieron en riesgo a la población civil, sino que provocaron pérdidas millonarias y paros operativos, presuntamente para exigir pagos ilícitos a terceros.
Las autoridades calificaron estos eventos como actos de presión ilegal que vulneran el Estado de Derecho y la conectividad regional. El operativo de captura fue coordinado entre los tres niveles de gobierno, enfatizando el respeto a los derechos humanos.
Actualmente, la FGED sigue integrando pruebas, especialmente bajo el cargo de extorsión, para robustecer las carpetas de investigación y deslindar nuevas responsabilidades.
