Sector industrial de Gómez Palacio urge Estado de Derecho ante ola de extorsiones y parálisis operativa

TORREÓN, COAH.- La Coalición de Empresas Afectadas de La Laguna de Durango lanzó un llamado de auxilio ante el Gobierno federal, denunciando que la violencia y el chantaje sistemático han colocado a la industria regional en un punto de quiebra técnica y vulnerabilidad social.

A través de un manifiesto enviado a Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, el gremio detalló que el complejo industrial de Dinamita, en Gómez Palacio, enfrenta un asedio de prácticas delictivas que vulneran la paz laboral y la integridad de los inversionistas.

Si bien el sector empresarial reconoció la movilización estratégica del Mando Especial de La Laguna, la SEDENA y la Guardia Nacional para liberar vías de comunicación, subrayaron que la presencia de las fuerzas del orden debe ser permanente para erradicar las estructuras de extorsión que aún operan en la zona.

La coalición fue enfática al advertir que la falta de una solución de fondo pone en la cuerda floja más de 5 mil puestos de trabajo, esenciales para el sustento de las familias duranguenses que dependen de la estabilidad de estas plantas.

Los industriales reportaron que la persistencia de estos ataques no solo detiene la maquinaria, sino que ahuyenta a compradores internacionales y destruye la cadena de suministro, afectando la competitividad de toda la Comarca Lagunera.

En el pronunciamiento, se exige que cualquier diferendo social sea canalizado por la vía legal, rechazando tajantemente el uso de bloqueos y amenazas como moneda de cambio para obtener beneficios fuera del marco de la ley.

El sector privado instó a los tres niveles de gobierno a blindar la región con certeza jurídica y seguridad pública, condiciones no negociables para que los capitales no abandonen la entidad ante la falta de garantías mínimas para operar.

Finalmente, los empresarios reiteraron que la viabilidad económica de La Laguna depende de la capacidad del Estado para imponer el orden, reafirmando que el diálogo es el único camino válido para preservar el desarrollo y la armonía productiva de la región.