Va Coahuila por impuestos ambientales a empresas
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En un esfuerzo por promover la sostenibilidad y proteger el medio ambiente, el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, del Partido Verde Ecologista de México, propuso ante el pleno del Congreso estatal una iniciativa de ley que establece un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Coahuila. Este impuesto tiene el objetivo de cumplir el derecho constitucional de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente sano y, a su vez, responde a la necesidad de abordar el deterioro ambiental en la entidad.
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La iniciativa contempla la creación de un nuevo capítulo en la Ley de Hacienda del Estado para establecer un impuesto específico sobre las emisiones de GEI, aplicable a todas las empresas que operen en Coahuila.
Los recursos recaudados mediante este impuesto se destinarán a un nuevo Fondo Ambiental, el cual financiará proyectos de conservación, control de la contaminación, programas de salud pública y adaptación al cambio climático.
El impuesto estará dirigido tanto a personas físicas como morales con fuentes fijas de emisión, abarcando entidades federativas y organismos públicos. La cantidad a pagar será calculada en función de la cantidad (toneladas) de dióxido de carbono equivalente (tCO2e), aplicando una tarifa de 4.5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada tonelada de CO2e emitida. Esto garantiza que las empresas contribuyan de manera justa a la protección del medio ambiente.
Además, se ofrecerán estímulos fiscales para aquellas empresas que logren reducir sus emisiones en un 20% o más, permitiéndoles acceder a una reducción del 15% en su impuesto para el siguiente ejercicio fiscal.
La propuesta también establece que las empresas deberán calcular sus emisiones en toneladas de CO2e, utilizando métodos de medición directa o estimaciones basadas en su consumo de combustible. Asimismo, estarán obligadas a presentar informes anuales sobre sus emisiones y el tipo de combustibles utilizados ante las autoridades correspondientes, garantizando la transparencia y el seguimiento de sus acciones.
Para asegurar el cumplimiento de la normativa, la base gravable estará sujeta a verificación mediante inspecciones y auditorías por parte de las autoridades.
