Víctimas colaterales de feminicidio en Coahuila exhiben barreras en la justicia

A unos días del 8 de marzo, familiares de víctimas de feminicidio se reunieron con autoridades encabezadas por el Poder Judicial del Estado para exponer obstáculos que persisten incluso después de que se dictan sentencias condenatorias.

Madres, hermanas e hijas de mujeres asesinadas señalaron que, pese a condenas de hasta 60 años de prisión, enfrentan dificultades para acceder a la reparación integral del daño, atención médica y acompañamiento psicológico, así como falta de información clara sobre sus derechos durante el proceso penal.

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Sandra Soto, hermana de Serymar Soto, víctima de feminicidio en 2017, afirmó durante el encuentro que la justicia en Coahuila y en todo el país sigue siendo una asignatura pendiente, pues para las familias, una sentencia condenatoria no representa el cierre del proceso si no que el calvario empieza ahí.

En el caso de su hermana, explicó que existe una sentencia de 46 años de prisión, pero desde el juicio no se fijó el monto de la reparación del daño. Advirtió que esta omisión podría permitir que el sentenciado acceda a beneficios legales sin haber cumplido con la compensación económica correspondiente, además de afectar directamente a su sobrino, hijo de Serymar.

Rocío Almanza, mamá de Evelyn Ayde, explicó que se estableció una reparación del daño por un millón 635 mil pesos desde abril de 2024; sin embargo, hasta ahora no se ha cubierto el monto, lo que ha impedido atender necesidades de salud.

A la reunión también asistió Guadalupe “N”, víctima de tentativa de feminicidio en septiembre de 2025, quien expuso prácticas y desinformación a las que se enfrentan las mujeres durante un proceso legal. En su caso, señaló, pese a contar previamente con una orden de restricción, fue atacada. Además, con su testimonio expuso como ante el desconocimiento legal de las víctimas, en ocasiones son presionadas para aceptar procedimientos abreviados, una práctica que emplean abogados y autoridades.

El procedimiento abreviado, contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, exige que el imputado reconozca su responsabilidad y que la víctima no presente oposición fundada. VANGUARDIA ha documentado cómo en algunos casos se emplean prácticas que limitan la decisión informada de las víctimas incluso en casos de feminicidio en las que aunque hay sentencias obtenidas por juicio oral superiores a 43 años, procesos abreviados en años anteriores derivaron en condenas de 10, 14 o 18 años.

SEGUIRÁN MESAS DE TRABAJO

Ante estas situaciones, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup, indicó que continuarán las mesas de trabajo con colectivos y familiares para dar seguimiento a los casos y brindar certeza jurídica.

Reconoció que el año pasado se registraron nueve feminicidios en la entidad y aseguró que todos se encuentran judicializados y actualmente no hay casos de feminicidio sin sentencia condenatoria.

“No hay un solo caso en este Estado que no haya sido sentenciado con culpabilidad”, afirmó.

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Añadió que el problema de la reparación del daño suele radicar en la negativa del sentenciado a cumplir y que, en esos casos, puede intervenir el fondo estatal correspondiente, aunque reconoció que no se trata de un procedimiento inmediato.

Las familias reiteraron que la sentencia es solo una parte del proceso y que la reparación integral y la garantía de no repetición siguen siendo pendientes en Coahuila.