Pierde Bielsa su primera batalla contra el Lille
COMPARTIR
Los abogados del técnico reclaman 18.6 millones de euros al Lille, la totalidad de los salarios que debía cobrar por su contrato, firmado hasta 2019.
Un Tribunal francés condenó este lunes al entrenador argentino Marcelo Bielsa a pagar a su último club, el Lille, 300,000 euros en conceptos de daños y perjuicios, al considerar abusiva la demanda que había presentado contra la entidad que le despidió en noviembre pasado.
Los abogados del técnico reclaman 18.6 millones de euros al Lille, la totalidad de los salarios que debía cobrar por su contrato, firmado hasta 2019, más cinco millones en concepto de perjuicios sufridos por el despido.
Esta indemnización debe ser fijada por un magistrado de lo laboral la próxima semana, pero Bielsa acudió al Tribunal de Comercio que analiza las cuentas del club, que está bajo control judicial, para reclamarla de forma preventiva.
El Lille consideraba esta demanda como una medida de presión para obtener una mayor indemnización de despido.
Esta instancia no solo no ha admitido la petición del entrenador, que la ha considerado "claramente abusiva", sino que le ha condenado a pagar 300,000 euros, una decisión que, según la web del diario "L'Équipe", los abogados de Bielsa piensan recurrir.
En magistratura de trabajo, el técnico, de 62 años, exige 13.6 millones por sus salarios correspondiente a su contrato hasta 2019 y otros 5 por daños y perjuicios.
En caso de que el Lille, propiedad del hispano-luxemburgués Gérard López, tuviese que sufragar esas cantidades, la entidad podría entrar en quiebra.
Aunque oficialmente el club despidió al entrenador por falta grave, lo que le exoneraría del cobro de toda indemnización, los letrados del "Loco" esgrimieron un contrato firmado entre el técnico y López en febrero de 2017, meses antes de su llegada oficial al club.
En el mismo figura una cláusula que establece que el Lille pagaría la totalidad del contrato al entrenador en caso de despido, fuera cual fuera el motivo del mismo.
El club se basa en el contrato firmado a la llegada del entrenador al club, el que fue depositado ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que no contiene esa cláusula, por lo que sostiene que no debe indemnizarle si se prueba que cometió una falta grave.
