Cálculos y estrategias en política económica

Dinero
/ 7 octubre 2019

    Tarde o temprano, en mayor o menor medida, el incremento de dinero circulante presiona el nivel de precios al alza –y más cuando no está ligado al incremento de productividad-, es decir que, tendencialmente, el aumento de la demanda agregada presiona más o menos a la inflación.

    Lo anterior pudiera explicar el subejercicio del gasto federal en ocho meses de este año por 231.1 mil millones de pesos (mmdp), esto es que se calculó el impacto inflacionario del incremento al salario mínimo de 16.2% en este año y de los 202.2 mmdp de las transferencias sociales: pensiones a adultos mayores y discapacitados; becas a preparatorianos, hijos de madres trabajadoras y universitarios; jóvenes aprendices; créditos a microempresas y a ganaderos; mejoramiento urbano y Sembrando Vida (inclusive en agosto el subejercicio en estas transferencias fue 21 mmdp). 

    Hasta la primera quincena de septiembre la inflación se ubicó en 2.99%, nivel más bajo desde 2016. Lo anterior se debe también a una menor inversión privada (por tanto, menor recaudación fiscal), pero también a la reducida inversión pública en infraestructura productiva –incluida en el subejercicio-, lo que se observa como estrategia para no impactar negativamente los precios. “Despacio que se va de prisa”, eso parecen indicar las decisiones keynesianas de política económica del gobierno federal: subejercicio del gasto, déficit fiscal cero, sin incremento en deuda. Además, sin contar a los “jóvenes construyendo el futuro” ni los contratados en el programa Sembrando Vida, el desempleo se mantiene en los niveles del 2018, 3.6% en agosto pasado, según INEGI.

    ¿Qué sucedería si se incrementara el déficit fiscal en más de 2%? ¿o que la deuda federal se incrementara más de 10 billones 732 mmdp que heredó el gobierno federal? ¿o si la inflación se ubicara en más de 4.5% anual? La crítica neoliberal anunciaría el desastre (como sucedió al triunfo electoral del actual gobierno y al inicio del sexenio) y la campaña negativa generaría, no sólo desconfianza, sino alarma y hasta pánico en los inversionistas y en los mercados financieros. No ha sido así y las variaciones en tipo de cambio van de 18.60 a 20.10, es decir no depreciación desenfrenada.

    Este año ha sido de ajustes en el gasto para la austeridad republicana, redistribución de la riqueza (programas sociales), reducir la corrupción y cuidar el nivel inflacionario. Se observa así que, desde la Secretaría de Hacienda, se ha calculado el impacto inflacionario 2019 tanto de los salarios como de transferencias sociales (aunque aún falta la presión inflacionaria en noviembre y diciembre).  Pero, como parte del ingreso agregado –demanda agregada-, el gasto social no se elevará considerablemente el próximo año, puesto que el apoyo a adultos mayores y otras transferencias crecerán marginalmente, así su impacto en los precios ya está previsto. En todo caso, lo que sí es importante es la proporción de elevación de salario mínimo tal que, como se señala, no presione el nivel de precios.

    Aun en ambiente internacional de incertidumbre por reducido crecimiento económico mundial, conflictos arancelarios, volatilidad financiera y variaciones en precios del petróleo, además  la incertidumbre normal a inicio de sexenio, es necesario impulsar el crecimiento, lo que se logra con inversión pública y privada. 

    Los empresarios del país entregaron al presidente López Obrador el Plan Nacional de Infraestructura (30 de septiembre) con 1,600 proyectos en cinco años (incluido el Tren Maya) en coparticipación pública y privada; por su parte la Secretaría de Economía presentó el Decálogo de la Nueva Política Industrial (3 de octubre), para generar certidumbre y atraer inversión nacional y extranjera. Hasta ahora sólo han sido buenas intenciones.

    Si los cálculos en política económica resultan positivos, se espera que en 2020 el crecimiento alcance el 1% y se disminuyan los niveles de pobreza que aún persisten en México.

    josegonzalezlara@uadec.edu.mx

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