Van 8 de las 20 reformas de López Obrador contra la competitividad: IMCO
COMPARTIR
Tan solo su discusión impactaría en la estabilidad económica y social, mientras que de aprobarse implicarían grandes cambios institucionales
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 8 de las 20 reformas constitucionales planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador plantean fuertes implicaciones sociales, económicas e institucionales para el país.
Se trata de las propuestas para pensiones, salario mínimo, educación y empleo, la desaparición de los órganos autónomos, la del Poder Judicial, la político-electoral, y las referentes al agua y la energía eléctrica.
TE PUEDE INTERESAR: Quiere AMLO una dictadura y distraer, afirma PAN sobre reformas de AMLO
“Si bien la actual conformación del Congreso permite anticipar la baja probabilidad de aprobación de estas reformas en este periodo de sesiones, su presencia y discusión en la agenda pública y en la agenda legislativa provoca incertidumbre que afecta la estabilidad económica, política y social”, resalta el IMCO.
Agrega que las reformas de AMLO no solo son ambiciosas en su alcance, sino que, de llevarse a cabo, demandarían cambios institucionales profundos, incluida una reforma fiscal que permitiera financiar, especialmente, la modificación al sistema de pensiones.
El Ejecutivo envió al Congreso dos iniciativas que pretenden modificar dos artículos de la Constitución relacionados con el funcionamiento del sistema de pensiones:
Artículo 123. Establecería la obligación del Estado mexicano de garantizar que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, hasta por un monto equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS (16 mil 777.68 pesos). Esto garantiza una tasa de reemplazo del 100% para los trabajadores cuyos salarios sean inferiores a este umbral.
Artículo 4. Reduciría de 68 a 65 años la edad a partir de la cual la población tiene derecho a exigir al Estado mexicano una pensión no contributiva, es decir, financiada con cargo al erario.
“En caso de ser aprobada, una reforma de esta naturaleza responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024, a 24.9 millones en 2050”, explica el think tank en su análisis.
Además, ahora las pensiones ya representan un porcentaje importante del gasto del sector público federal (22%) “un incremento adicional limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios, en detrimento de distintos sectores de la población y de la competitividad del país”.
SALARIO MÍNIMO
La iniciativa de reforma constitucional en materia de salarios propone modificar un artículo de la Constitución, el 123 (apartado A, fracción VI), que propone que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales nunca deberá estar por debajo de la tasa de inflación anual observada en el año.
Además, en la fracción IV del Apartado B se adiciona que, entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, docentes de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Nacional permanente, médicos y enfermeros recibirán un salario mensual que no podrá estar debajo del salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS.
En caso de ser aprobada, la reforma requerirá de una implementación balanceada, en la que los incrementos al salario mínimo tomen en cuenta -además de la inflación- factores como el crecimiento económico, la productividad, la evolución del salario medio y los costos de operación de los empleadores.
EDUCACIÓN Y EMPLEO
En este apartado, la iniciativa busca elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro por lo que propone adicionar el siguiente párrafo:
Artículo 123. Estipulará que el Estado otorgue un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo a jóvenes de entre 18 y 29 años que no trabajen ni estudien para que se capaciten por hasta 12 meses.
La capacitación que ofrece el programa dura máximo un año, periodo en el cual los y las jóvenes reciben seguro médico a través del IMSS y una beca mensual de 7 mil 572 pesos. Este monto se calcula con base en el salario mínimo, por lo que presenta un incremento real anual de 60% desde 2019.
ÓRGANOS AUTÓNOMOS
La propuesta presentada implica la modificación de 13 artículos constitucionales (3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123) para eliminar tres órganos constitucionales autónomos (INAI, Cofece, IFT), dos órganos reguladores coordinados (CRE, CNH) y dos organismos descentralizados que cuentan con autonomía (Mejoredu y Coneval).
“De materializarse la desaparición de los órganos autónomos, la arquitectura institucional estaría desequilibrada dada la concentración de las decisiones clave en el Poder Ejecutivo”, dice el IMCO.
Además, la transferencia de funciones de los organismos autónomos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones constituye una violación a las obligaciones pactadas en el marco del T-MEC.
Finalmente, las otras reformas que tendrían fuertes implicaciones serían la del Poder Judicial, la electoral (con el cambio del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como las de energía y agua, con las que se daría gran preponderancia a la CFE y se limitaría el otorgamiento de concesiones de agua.
“Las reformas enviarían un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el estado de derecho”, expresa el IMCO.
Con información de Forbes México
