A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros

20 años han pasado desde que la tragedia en Pasta de Conchos le puso el rostro a la inseguridad y la corrupción que habita alrededor de las explotaciones de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila. 20 años pasaron, y hasta ahora, apenas algunos de los mineros del tercer turno de la Mina 8 comienzan a regresar en restos a sus hogares, mientras que la justicia se ha quedado en letra muerta.

Para varias familias, el regreso de los cuerpos abre la posibilidad de cerrar un ciclo. Para otras, persisten las dudas sobre si las condiciones realmente cambiaron y si el caso significó un antes y un después en la Región Carbonífera.

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En medio de ese tiempo que se estira entre el siniestro y el reciente proyecto del rescate, la historia de Elvira Martínez Espinosa condensa la dimensión humana del caso. Su memoria no solo reconstruye el día de la explosión, sino los años posteriores, la incertidumbre, la organización, la exigencia de justicia y la insistencia para que la Región Carbonífera no tenga que vivir sometida a costas de “carbón rojo”.

Elvira, quien desde hace 20 años ha esperado el retorno del minero Vladimir Muñoz, recuerda aquél 19 de febrero de 2006 como si hubiera pasado hace algunas horas. El paso del tiempo lo mide a través de su hija menor, quien tenía 3 años cuando el siniestro sepultó a su padre, mientras que hoy ya es egresada de la carrera de Medicina.

En aquél entonces, Elvira vivía temporalmente con Vladimir en casa de sus padres debido a que el matrimonio estaba por concluir el proyecto de vivienda en la que vivirían junto con sus tres hijos.

Eran las 10:00 de la mañana de ese 19 de febrero del 2006 y Vladimir no llegaba. Las calles del barrio La Covacha de Palaú no tenían registro de su regreso que regularmente ocurría entre las 08:00 y las 09:00 de la mañana como máximo, sobre todo cuando quería sumarle horas extras al salario de mil 100 pesos semanales que pagaba entonces Grupo México.

El padre de Elvira, era de los que prendía la radio desde temprano para enterarse de las novedades. La noticia había recorrido los rincones de la región, hasta llegar por fin a un micrófono radial por el que su familia encendió las alertas.

“Ese día salí yo temprano, tenía una actividad, y mientras estaba ahí me llamó mi hija Tania, la mayor y me dice que en la radio están diciendo que explotó una mina y mi papá ya estaba muy inquieto porque Vladi todavía no llegaba a casa. En la radio lo que escuchábamos era poco. Nadie decía nombres y por eso decidimos trasladarnos a la mina a la que no sabíamos bien como llegar”, recuerda.

No pasaron demasiadas horas para que Elvira, junto con su familia, decidieran trasladarse hasta Nueva Rosita, donde está ubicada la mina, encontrándose ya con que había un movimiento fuera de lo regular; militares, prensa, y otras familias desesperadas haciendo preguntas sobre si había ocurrido un accidente que al interior, se sabía que había pasado desde las 02:30 de la madrugada: 8 horas y la empresa no dijo nada.

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“Nos empezaron a decir información más o menos desde la una de la tarde. Se rompió el cerco y muchos nos fuimos corriendo, caminando, y ya nos dicen que había ocurrido la explosión, que no sabían la condición en la que podían estar, pero que el ventilador seguía trabajando. Y ya ahí empezaron a nombrar a las personas que estaban adentro”, recuerda.

Elvira relata que cuando estaba en secundaria, por los años 1986 había ocurrido un derrumbe en la comunidad de Esperanzas donde murió el papá de una amiga suya, pero en esta ocasión, pensaba que la explosión únicamente había obstruido las entradas, y que Vladimir a sus 34 años estaría con vida dentro y esperando a ser rescatado. Esa fue la primer idea.

“Me asombraba la cantidad de gente que había. Había medios internacionales, nacionales, que nos hacía preguntarnos ¿qué pasó? En mi cabeza yo tenía que ellos estaban atrapados solamente y que los iban a rescatar”, dice.

Elvira detalla que unos ocho días después, el personal de la empresa les pidió una reunión privada donde les ofrecieron una compensación, y fue ahí, que debido a la cantidad manifestada, comenzaron las sospechas sobre las decisiones que el Gobierno tomaría más adelante para concluir los trabajos de rescate y dar a los mineros por muertos.

“Nos decían que era una ayuda humanitaria. Cuando dicen la cantidad de 750 mil pesos, yo me asombré ¿por qué tanto dinero? Nos dijeron que saliéramos y no dijéramos nada. Salimos y en el pasillo quedamos en no agarrar nada. Ese mismo día salieron a decir que las posibilidades eran nulas y que los trabajos de rescate se iban a suspender”, recuerda.

Elvira quien entonces tenía 32 años, dice que cuando la empresa comunicó la noticia, la mayoría de las familias se unieron en un sollozo colectivo, pero para ella fue una negación: no había un cuerpo al que dar por muerto.

“Ahí empezamos a cuestionar. Desde ahí empieza la lucha de no aceptar la versión oficial. Vladi y yo éramos de un grupo de matrimonios de la Iglesia, y un padre se me acercó a decirme que las autoridades habían comentado que ni siquiera íbamos a encontrar las hebillas de los cintos porque se habían pulverizado. La mayoría de las personas creían en la versión, a pesar de que no nos habían mostrado nada, una sola prueba de que estuvieran muertos”, dice Martínez.

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Recuerda que figuras como Humberto Moreira, entonces gobernador de Coahuila y Francisco Javier Salazar, entonces secretario del Trabajo, respaldaron la decisión de Grupo México y también la versión que sepultó a los 63 de los 65 mineros bajo la mina hasta que llegó el proyecto de rescate anunciado a partir de 2018.

Tras la suspensión de los trabajos que ocurrió ocho días después, las tensiones pronto se mudaron a la región, pues en medio del desempleo y la falta de diversidad económica de la Carbonífera, la tragedia había dejado desamparadas a 65 familias que de lo contrario a insistir, hubieran tenido un destino al que Elvira dice, han apostado a normalizar las autoridades para las mujeres de la región.

“La gente estaba acostumbrada a que el destino de la viuda del minero es: te vas a tu casa con tus hijos a llorar y a ver cómo le haces para sacarlos adelante. Cuando hubo un cambio en eso, se señaló”, dice.

Elvira recuerda que en un intento por desprestigiar el reclamo de justicia, en la región se descargó una campaña en contra de las viudas que en la desesperanza y el hambre, tuvieron que aceptar las condonaciones económicas, aunque muchos de los insumos se tendrían que ir en las actividades de insistencia y exigencia.

“Todas las familias estábamos en diferente situación. En mi caso a mí me arropó mucho mi familia. Yo tenía 3 hijos: Tania de 12, Christian de 11 y la más chica de 3. El apoyo siempre lo tuve de parte de mi familia y gracias a ellos nunca me vi en una situación difícil. La gente se solidarizó, nos llegaban despensas de muchos lados”, expresa.

“Pero cuando algunas de las familias empezaron a optar por tomar el dinero, aquellos 750 mil pesos, empezó una mala campaña. Cuando en realidad todas compraron lo que les faltaba, que era un carro para ir a la mina. La población no lo vio así. No se ponían a pensar que las familias ahora están solas con sus hijos. Solamente señalaban: ya se compró el carro, ya construyó, sin saber realmente cuál era el destino que nos habían dejado”, dice.

En el análisis de estos 20 años, Elvira resalta con tristeza que muchas familias se han ido de este plano sin haber tenido justicia y verdad; padres, madres, e incluso viudas, o simplemente, las personas que conformaron aquellas redes de apoyo para las 65 familias.

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“Hoy lo que analizo es que siempre se apuesta al tiempo, al cansancio, a las enfermedades. Ahorita ya nos duele todo. Las que teníamos 32 años, ahora tenemos 52 y ya empieza a haber rezagos. Imagínate la salud de las viudas que en ese entonces ya tenían 50 años. Recientemente visité a una de ellas y ya está postrada en cama. Otras con enfermedades y todavía no han salido los mineros de ellos”, dice.

La cuestión del tiempo, no le ha afectado tanto en lo personal, pero cuando voltea a ver a sus hijos, el análisis se amplía.

“Mi hija ya tiene 23 años, ya se graduó de Medicina. Ya está en su vida profesional y yo sigo todavía con el mismo tema. Ahí es donde yo veo la realidad del tiempo. 20 años, es la vida de una persona que se convierte en médico. Ha habido momentos en que te sientes cansado y desanimado, sobre todo en los que hubo mucho silencio”, dice.

A lo largo de las dos décadas, Elvira y sus compañeras con quienes se fundó la Organización de Familiares de Pasta de Conchos, tuvieron que aprender, al igual que la mayoría de las familias de víctimas de delitos y siniestros de este tipo en México, tuvieron que hacerlo. Pasaron de ser amas de casa, a ser expertas en minería, búsqueda y otros detalles forenses.

“Yo jamás había ido a una manifestación. Nunca en mi vida pensé que tendría que salir a la calle con un cartelón. Pero teníamos que organizarnos. Por eso el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice.

Para Elvira, la intención de que Pasta de Conchos con todo lo ocurrido tuviera una organización que respaldara la lucha, no yacía únicamente del reclamo de sus mineros, sino para que situaciones similares no continuaran ocurriendo ante la vista de todos y normalizarlos, un aspecto que ha sido ignorado a pesar del procedimiento ante la CIDH y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al día de hoy, las omisiones del Estado Mexicano en la minería del carbón pueden probarse mostrando simplemente, que después de Pasta de Conchos, han ocurrido otros siniestros que han quitado la vida de otros mineros; en Minosa, Progreso 2; en Rancherías 7; en El Pinabete 10, y así la lista continúa.

“Y nos dicen que inspeccionan, pero no es solamente eso. se deben hacer otras cosas, incluyendo responsabilidades penales directas a los concesionarios. Porque inspeccionan, se van y al día siguiente los mineros ya están trabajando otra vez”, menciona.

Además, Elvira señala que la Región Carbonífera nunca vivió un proceso de diversificación económica que orilla a la población a trabajar en los pozos de carbón, minas ilegales o a migrar; un destino predefinido.

“Mucha gente de Palaú ahora se están yendo hasta trabajos como la Cervecera, porque aquí no hay nada. Tanto el Gobierno Federal no se ha puesto las pilas con las medidas de no repetición, como el Gobierno del Estado no trae fuentes de empleo para que la gente no se vaya a los pocitos. No ha habido reparación ni medidas de no repetición”, dice.

Para ser escuchadas el camino fue complejo, empezando por el peregrinar de las familias en las instituciones, mismas que no les recibían, hasta la Secretaría de Gobernación de Juan Camilo Mouriño, pero les pedía no hablar ante la prensa. Así, los procesos se fueron alentando, pero tras la asunción de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México en 2018, se empezaron a dar los primeros pasos.

“Nosotros vemos que simplemente faltaba voluntad política. Técnicamente el rescate siempre fue viable. El rescate nos lo pudieron haber dado desde 2007. La empresa decidió que no, el Gobierno lo apoyó y de ahí, hasta esta fecha. Sabemos que no ha sido fácil, que no era fácil, pero también sabemos que el tiempo que se perdió abonó para que el rescate fuera tan complejo como lo es ahora”, indica.

El proyecto de rescate inició formalmente en 2020 y al día de hoy ha dado resultados con la entrega e identificación de 23 mineros y otros 2 que están bajo análisis. Pero cuando la noticia de que abrirían Pasta de Conchos se dio a conocer, las familias también fueron señaladas por cuestionamientos como ¿por qué gastar el dinero del Estado Mexicano en eso?

“En primero nosotros teníamos que cerrar un ciclo, cumplir nuestros deberes como familias. No podíamos dejarlos ahí, darnos la vuelta y continuar. Ellos estaban trabajando y nunca regresaron. Pero después de ese asunto personal y que rodea a la cultura mexicana en los proceso de muerte y cierre de un capítulo, las familias también anhelaban que con la apertura de la mina se consiguiera la verdad sobre lo que ocurrió. El rescate es un acceso a la verdad. Tenemos ese derecho ¿qué pasó ahí abajo? ¿Qué pasó con ellos?”, dice Elvira.

Aunque al día de hoy la Fiscalía General de la República les ha comentado sobre la posibilidad de una investigación que dé justicia a los familiares, Elvira dice que no se ve luz, y que incluso, las autoridades han encontrado elementos que podrían ser indicios para continuar investigando, pero no han sido protegidos.

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“A estos 20 años, es lo que estamos platicando las familias. La FGR se está encargando de una “investigación”, pero no sabemos qué están investigando. Se le ha preguntado. También han dejado claro que su encomienda es la recuperación e identificación de los restos y hasta ahí. No sabemos nada sobre las repercusiones”, expresa.

“Se han ido encontrando cosas, a algunas familias les han entregado con los restos pertenencias de los trabajadores, como el rescatador, que pueden formar parte de una evidencia, lo cual levanta la sospecha: ¿estás investigando o no?”, dice.

Además de esa incertidumbre, dice que es permanente la insistencia de mejoras para los trabajadores que hoy desarrollan el rescate, pues los contratos son solo de tres meses, y existen actividades sumamente complejas que se hacen bajo el sol, a carretilla.

Como cada año, Elvira Martínez se reunirá con otras familias en la Ciudad de México para atender la misa oficiada por el obispo emérito de Saltillo, Fray Raúl Vera, en el antimonumento instalado por las familias en el Paseo de la Reforma, como cada 19 de febrero.