Aumentan ataques contra jueces y abogados en México, alerta informe

CDMX.- México Evalúa y el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED) presentaron dos investigaciones en los que señalan que 7 de cada 10 litigantes han sufrido un ataque en su contra.

Los análisis llevan por nombre “Cuando impartir justicia es peligroso. Los ataques a la integridad del personal judicial en México”, y “Violencia en contra de las personas abogadas litigantes en México”.

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“Para que todas las personas tengamos acceso a una justicia libre de injerencias y presiones indebidas, el personal judicial debe contar con garantías para desarrollar sus funciones en un marco de independencia. Una de estas garantías es la protección a su integridad”, señaló Mariana Campos, directora general de México Evalúa durante la presentación de los análisis.

Estos estudios indican que 69 por ciento de las personas abogadas litigantes afirman haber sufrido en algún momento un ataque con relación a su ejercicio profesional.

De las personas juzgadoras encuestadas, el 21 por ciento reportó haber vivido algún acto de amenaza o ataque en los últimos 10 años, mientras que el 52 por ciento del personal notificador o actuario también lo manifestaron.

Uno de los informes indica que del 1 de enero de 2023 al 17 de enero de 2024 se identificaron 167 señalamientos en contra de personal judicia y de ellos el 98% consistieron en declaraciones públicas y el 88 por ciento fueron emitidas directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los ataques que se registraron con mayor frecuencia fueron amenazas, agresiones y extorsión, situaciones que llevaron en algunas ocasiones al abandono de casos, la decisión por abandonar el litigio por completo y una disminución en la calidad de su trabajo.

En estos reportes identifican seis casos de homicidio de personal actuario y 15 de personas juzgadoras entre 2012 y 2023 a nivel estatal, además de dos personas juzgadoras a nivel federal.

Añaden que los causantes de estas agresiones suelen ser las partes del juicio, ya sea la persona imputada o alguien de su entorno, miembros de organizaciones delictivas, y el propio Estado.

Por otro lado, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y socio fundador del IFED, José Ramón Cossío, expresó: “cuando un litigante o un juzgador es asesinado, se pierde la posibilidad de la realización de un derecho o de construir condiciones institucionales de convivencia”.

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Ante estos escenarios, las organizaciones compartieron diversas recomendaciones: Que los poderes judiciales tengan políticas de protección de su personal; desarrollar medidas de protección con perspectiva de género, y verificar su efectividad; crear protocolos de seguridad y estrategias de colaboración interinstitucional; y generar un registro de las agresiones y/o amenazas al personal y a las instalaciones.

Asimismo estos organismos proponen articular acciones de secretarías de seguridad pública, fiscalías y tribunales para la prevención, investigación, para procesar y sancionar los casos de violencia contra personal judicial y los abogados litigantes.