César Duarte fue absuelto de peculado por $6 millones, pero seguirá bajo investigación

Chihuahua, Chih. El ex gobernador priísta de Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-2016), fue absuelto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal, de un presunto desfalco equivalente a 6 millones de pesos, dinero que desvió a través del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) hacia a la Financiera División del Norte, de la que cual era socio mayoritario.

José Lázaro Joaquín López Ramírez, ex director de Fideapech, enfrentó proceso penal por la mencionada distracción de recursos públicos, en el año 2018, acusado de simular un crédito para favorecer a Duarte Jáquez con los 6 millones de pesos, pero la Función Pública dejó sin efecto la probable responsabilidad administrativa porque Fideapech, es una entidad paraestatal, cuyos recursos son administrados por una institución fiduciaria y no por el gobierno del estado.

Juan Carlos Mendoza Luján y Jaime Terán Ruiz, quienes son abogados defensores de José Lázaro Joaquín López y de César Duarte, informaron de la sentencia absolutoria, este jueves en un boletín de prensa.

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“El pasado 14 de noviembre la Secretaría de la Función Pública emitió su resolución definitiva sobre el procedimiento administrativo 002/2019, resolución que deja sin efectos dicho procedimiento y por lo tanto libera de responsabilidad administrativa a José Lázaro Joaquín López Ramírez, César Horacio Duarte Jáquez y Mireya García Medina, todos ellos incluidos en el mismo procedimiento”.

“A partir de dicha resolución, esta defensa buscó por medio de un juzgado de control que dicho tribunal concediera una audiencia de control a fin solicitar el sobreseimiento de la causa penal que también les fue impuesta como desmedida aberración jurídica (además del procedimiento administrativo ), y el pasado 29 de noviembre, el juez de control de la causa penal de Lázaro (2535/2018) nos notifica la negativa de la audiencia de control”.

Los abogados defensores acusaron que el ex director de Fideapech, José Lázaro Joaquín López, falleció de covid-19 mientras estaba recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 del municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, en agosto del año 2020.

“Fue resuelto por medio de un auto de fecha 28 de agosto de 2020 (dos días después de su muerte) que la causa penal de Lázaro había sido sobreseída con efectos de sentencia absolutoria, por supuesto, este auto nunca se nos comunicó, escondieron la verdad para favorecer la operación Mentira para Chihuahua”.

“La juez siempre supo que Lázaro era inocente, tan lo supo que derivado de una de las audiencias en las que buscamos la modificación de su medida cautelar de la prisión preventiva le expusimos la complicidad del Ministerio Público al momento de presentar la denuncia en contra de Lázaro, de tal manera que la juez misma presentó una denuncia por ese hecho ante la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y Adecuado Desarrollo de la Justicia, la cual se le asignó el número único de caso 2019-0026821, denuncia que desde luego nunca fue investigada que ya la misma iba a arrojar sin duda las enormes violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la verdad histórica que siempre pretendieron ocultar”.

José Lázaro Joaquín López Ramírez fue detenido en julio del 2018, debido a una denuncia presentada por la administración del panista Javier Corral Jurado en diciembre de 2017, “ilegal (entre muchas cosas) porque fue fundada en una ley abrogada, usurpando funciones y falsificando pruebas; señalando al Fideapech como organismo público sin serlo y a Lázaro como servidor público sin tampoco tener esa calidad, ambas calidades necesarias para encuadrar la existencia del delito de peculado”.

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Han desechado 19 causas penales y siete procesos administrativos vs el exgobernador

El exgobernador César D., permanece en el Cereso de Aquiles Serdán desde junio del presente año, luego de ser extraditado tras su detención en Miami Florida, el pasado julio del 2020; desde entonces, se le han fincado cargos por 20 causas penales y siete procedimientos administrativos.

Sin embargo, la causa penal por la que permanece en prisión es la única ya que está en pie en su contra y con la cual se le imputan dos delitos penales; ya fue procesado por esta causa penal y se encuentra corriendo el tiempo de la investigación complementaria.

Por otro lado, de los siete procesos administrativos que se habían abierto en su contra, 5 ya fueron concluidos y archivados sin habérsele encontrado responsabilidad administrativa; así lo informó el abogado Juan Carlos Mendoza, quien refirió ayer a El Heraldo de Chihuahua que la Secretaría de la Función Pública lo absolvió de un proceso administrativo relativo al supuesto desvío de recursos en Fideapech.

“Existieron 19 causas penales más aparte de la que se le imputó... esas otras 19 ya no son imputables por la regla de especialidad del Tratado de extradición con los Estados Unidos”, refirió el defensor.

Esta última absolución que le concedió la SFP, fue a causa de que la denuncia que se le interpuso, refirió su abogado defensor, se basó en una ley abrogada y se hizo pasar al Fideapech como un organismo gubernamental, cuando en realidad es una entidad paraestatal y cuyos recursos son administrados por una institución fiduciaria.

La resolución de la SFP sobre el procedimiento administrativo disciplinario 002/2019, se emite en el marco del procesamiento jurisdiccional en contra de Francisco G.A. quien fue el coordinador de la llamada Operación Justicia para Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral y que buscó fincar responsabilidades administrativas y causas penales contra exfuncionarios duartistas por diversos actos de corrupción.

Sin embargo, al haber sido acusado por el delito de tortura, se ha especulado el peligro que corren los asuntos en contra del exgobernador César Horacio; sin embargo, el fiscal General del Estado Roberto Fierro Duarte, ha asegurado que los asuntos contra el exgobernador no peligran, puesto que se tienen bien claras las rutas del dinero que fue desviado y eso es más contundente que las declaraciones que se obtuvieron supuestamente mediante la tortura y violaciones a los derechos humanos de los testigos protegidos.

Finalmente se añade a los acontecimientos, el amparo que la defensa de Francisco G.A. interpuso ante una autoridad federal, para que lo liberen de la prisión preventiva pues alegan, que la jueza que emitió el auto no posee facultades para ello y se está en espera de su liberación.

El exfuncionario fue detenido por el supuesto delito de tortura en contra de exfuncionarios duartistas que fungieron como testigos protegidos, buscando criterios de oportunidad, para aportar información que pudiera develar la red de corrupción del gobierno duartista.

Con información de medios