Condena CIDH el uso de la fuerza en las protestas antimineras de Panamá
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Pide al gobierno panameño que garantice la seguridad de los manifestantes
WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió la atención del Gobierno de Panamá por el uso de violencia en las manifestaciones que surgieron en el país y que han dejado por lo menos cuatro personas muertas.
“Es deber del Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar la protesta social, tomando en consideración que el hecho de que algunas personas participen en actos de violencia no vuelve ilegítima a la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la manifestación mediante el uso de la fuerza”, señala el organismo en un comunicado.
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La CIDH reitera que “la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y para la defensa de los derechos humanos, y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.
El organismo indicó que cuando este tipo de protestas se enmarca dentro de demandas o cuestionamientos gubernamentales o asuntos de interés público, estas se encuentran protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana.
Estas manifestaciones ocurren tras la cuestionada renovación del contrato minero de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
La aprobación desató una ola de protestas lideradas por ambientalistas, jóvenes y sindicatos, de las mayores en las últimas décadas.
La comisión recuerda que cuando algunas personas cometen actos de violencia en el contexto de una protesta “deben ser individualizadas, pero los demás manifestantes conservan su derecho a la reunión pacífica”.
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En este sentido también señalan que la actuación de la fuerza pública para impedir detener hechos de violencia debe realizarse “de acuerdo con los protocolos respectivos y de conformidad con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y, legalidad, en línea con los estándares sobre la materia”.
El llamado al gobierno panameño es para que brinde el máximo nivel de garantías para que los periodistas puedan ejercer su trabajo durante protestas sociales y que no sean agredidos durante sus labores.
“En situaciones de conflictividad social, el rol de la prensa es fundamental al tener la responsabilidad de informar sobre los hechos a toda la población”, añadieron.
