Congreso de España aprueba la ley de igualdad para personas trans y la reforma de la ley del aborto
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Se establece así por ley la despatologización del colectivo al no ser necesario la presentación de informes médicos o psicológicos
El día de hoy, en plena crisis en el seno del Gobierno de coalición de España, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, sobre la polémica de la reforma de la ley del “solo sí es sí”, el Congreso de los Diputados aprobó otras dos normas impulsadas por el Ministerio de Igualdad: la llamada ley trans y la reforma de la ley del aborto.
La aprobación definitiva en la Cámara baja, después de una larga tramitación y del paso de las dos legislaciones por el Senado, se ha producido por una amplia mayoría.
La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los derechos de las Personas LGTBI, conocida como Ley trans, introduce como principal novedad el reconocimiento de la autodeterminación de género registral a partir de los 16 años sin ningún requisito.
Se establece así por ley la despatologización del colectivo al no ser necesario la presentación de informes médicos o psicológicos. En el caso de los menores de entre 14 y 16 años, deberán contar con el consentimiento de sus tutores, y en el caso de aquellos entre 12 y 14 años, deberán tener aval judicial.
Además, la ley prohíbe las terapias de conversión y asegura el acceso a terapias de reproducción asistida a mujeres lesbianas y bisexuales y a personas trans con capacidad de gestar. Se reconoce la filiación de los hijos de parejas del mismo sexo sin necesidad de matrimonio y se crea un régimen de infracciones para los actos de discriminación de personas del colectivo LGTBI.
La norma que reforma el derecho al aborto de la ley de plazos aprobada en 2010 por el Gobierno del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, tiene entre sus principales novedades la posibilidad de que las menores de entre 16 y 18 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin el consentimiento de sus tutores y la eliminación del periodo de reflexión de tres días.
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Además, se pretende garantizar que las mujeres puedan tener acceso a su derecho al aborto en los hospitales y centros de la red pública, algo que en la actualidad no ocurre en varias regiones españolas. Asimismo, se establece una incapacidad temporal laboral para menstruaciones dolorosas remunerada desde el primer día.
En su paso por el Senado, justo antes de esta última parada en el Congreso para su aprobación definitiva, la ley introdujo un punto.
Después de la polémica desatada por las declaraciones del vicepresidente de la región de Castilla y León anunciando un protocolo para disminuir los abortos consistente en hacer escuchar el latido fetal, entre otras medias, a las mujeres que manifestasen la intención de interrumpir voluntariamente el embarazo, el Gobierno ha querido blindar esta posibilidad.
Así, el texto final establece que las administraciones públicas garantizarán el libre ejercicio de este derecho y “velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo”.
