De la guerra de las palabras a la guerra a ras de piso: infamia, calumnias y sangre para coronarse el 2 de junio

CDMX.- Dagoberto García Rivera era el dirigente de Morena en Maravatío y el prospecto más sólido para contender por la alcaldía de ese municipio. El 19 de octubre fue interceptado cuando circulaba en su vehículo. Las autoridades hallarían su cadáver el 4 de noviembre en un poblado vecino, Ucareo, situado al borde de la carretera que conduce a Morelia. El lunes 26 de febrero, Miguel Ángel Reyes Zavala, quien habría de sustituirlo como candidato, fue igualmente asesinado. Lo mismo sucedió horas más tarde a su contrincante del PAN, Armando Pérez Luna. Michoacán es dueña de una historia de violencia criminal asociada a la política que data por lo menos desde hace un cuarto de siglo. Pero sobre todo es ejemplo de cómo la disputa electoral devino en componendas difíciles de descifrar. ¿Es el narco quien dispone exclusivamente de la sucesión en cargos públicos mediante tácticas letales, o en ello toman parte también los caciques políticos de cada región, movidos por el negocio enorme que permite la corrupción?

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“La forma en la que los medios de comunicación presentan los hechos, sea ahí o en otras regiones del país, es muy concreta: El precandidato fulanito de tal fue asesinado. Pero cabe preguntarse lo siguiente, antes de ofrecer una declaración concluyente: ¿Lo mataron porque era precandidato, o lo mataron porque tenía una serie de problemas antes de serlo? ¿Es porque el crimen organizado está matando gente que tiene un historial de confrontación con ellos y además quisieron ser candidatos? No tengo claridad entre causa y efecto. La lectura que se realiza cuando se lee la prensa en general, nos dirá que están matando a gente que se lanzó por una candidatura, pero desde luego que no concluiría en que es así, nada más. Vivimos en un país violento y sucesos como estos tienen un efecto mediático. Cabe, sin embargo, preguntarnos si en el fondo de varios de estos homicidios se encuentran también intereses de grupos que no necesariamente se hallan ligados al narco”, dice Héctor Tejera Gaona, profesor investigador de la Universidad Autónoma de México especializado en procesos electorales.

Entre el 1 de diciembre y 1 de marzo, una docena de políticos que se aprestaban para contender en las elecciones de junio, fueron asesinados. La violencia criminal, que en cinco años del actual gobierno cobró 170 mil vidas -la mayor cifra bajo registro en la historia contemporánea- ha definido el centro discursivo de la candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, lo mismo que el de Jorge Álvarez Máynez, la apuesta en las presidenciales de Movimiento Ciudadano. Gálvez inició su campaña en Fresnillo, el municipio con la mayor percepción de inseguridad del país, mientras que Álvarez lo hizo en Lagos de Moreno, escenario de múltiples desapariciones, masacres y fosas clandestinas en Jalisco, ambos buscando un golpe de efectismo simbólico. Pero no solo los números hacen predecir que el curso de las próximas semanas estará sacudido por actos brutales. La idea, además, ha sido permeada por la avalancha mediática que plantó información sobre investigaciones realizadas por la DEA entre 2006 y 2018 para confirmar si organizaciones de narcotraficantes inyectaron dinero en las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Aunque ninguna de ellas aportó evidencia de que así fue, desató una guerra de palabras que ha tocado piso. El asesinato como arma política se ha convertido en una variable principal para reforzar el eje anti López Obrador durante las campañas políticas, señala el politólogo Israel Covarrubias. “En las últimas semanas hemos visto que una de las tendencias es #narcopresidente y que no han podido, desde el oficialismo, reventar. Pero sobre todo, me parece que esta violencia se está desdeñando mucho desde el punto de vista de los propios actores políticos, y creo que ello obedece a que el grueso de estos políticos asesinados son políticos, digámoslo, que van a ras de tierra. Es decir, no estamos en evidencia del asesinato de los primeros lugares de las listas para las plurinominales en el Senado, en la Cámara de Diputados, sino más bien candidaturas que están a ras de tierra. Pero eso no le quita fuerza a la intensidad del conflicto en este proceso electoral. Creo entonces que el punto por discutir nace a partir de la pregunta: ¿Por qué crece el asesinato conforme la guerra de las palabras está acelerando en el proceso electoral? Ese, me parece, es el gran nudo ciego que tenemos, al menos ahora que inicia el proceso electoral formalmente. Se acelera esta guerra en redes sociales, en los discursos, y al mismo tiempo se crece el conflicto, sobre todo el conflicto corpóreo, que culmina en los asesinatos”.

¿Quién y por qué se contiende en el México violento?

El activista Erick Avilés hace una descripción general sobre las condiciones que guarda su estado natal, Michoacán. Una región de enorme riqueza minera, forestal y principal productora de aguacate, que sin embargo mantiene amplios niveles de pobreza que la convierte en uno de los principales estados generadores de migrantes y violencia criminal. Se detiene, sobre todo, en la estadística educativa: 8.6 años de escolaridad como promedio, 240 mil analfabetas, primer lugar en deserción escolar y bajas tasas de bachillerato y educación superior terminados. Tal condición ha generado también un gran activismo ciudadano, entre cuyos líderes han surgido varias y varios candidatos a cargos de elección popular. Pero la mayoría de las contiendas las ganan aquellos provenientes de las redes de gobernanza, “los gerentes públicos encargados de que la ley se tuerza a capricho y demanda de los dueños invisibles de Michoacán”. Finalmente están aquellos que constituyen la nueva casta, “los personeros, emisarios de la violentocracia, de la delincuencia, que van a buscar espacios confundidos entre personas bienintencionadas y se suben con estos arropamientos de quienes sabemos que en su pragmatismo no tienen límites”.

En esa caprichosa mezcla de representantes de la política actual, anida la violencia. Verlo de otra manera, dice Avilés, impide tener una lectura más amplia de lo que pasa en Michoacán y en otras regiones de México. “Sería sumamente fácil, y al mismo tiempo simplón y reduccionista, achacar un atentado a un cártel, a un grupo criminal”, señala. “Es la manera sencilla de reducir las investigaciones, de aminorar, de diluir las suspicacias de la sociedad, de decir: Es que estaba en malos pasos. Típica explicación en Michoacán (y en México): Es que él venía de tal lugar. Es que estaba amenazado y aún así continuó... Todas estas apologías que se convierten en sofismas, que se convierten en falacias, que se convierten en recetas de cocina que se pegan en las cabeceras, en la nota roja, en las conferencias mañaneras que ofrece el gobernador. Dicho de otra manera, la serie de explicaciones que se brindan a la ciudadanía respecto a los atentados, para ocultar sus grandes conflictos de interés”.

Michoacán revela una realidad que los años recientes ha sabido camuflarse, la de los grupos políticos locales que no necesariamente están relacionados con “el narco”, aunque son igualmente criminales. Grupos políticos que son casi inexpugnables, que ejercen presión y definen candidaturas, dice Héctor Tejera, el investigador de la UAM. “No hay manera de controlarlo, porque los partidos políticos finalmente son una proliferación de estos grupos locales, que lo mismo aparecen detrás del PAN, el PRI, PRD o Morena. Todos representan a grupos de poder muy fuertes, y entonces hay un pragmatismo, el pragmatismo de decir: Bueno, preferimos que estén con nosotros a que estén contra nosotros”. En parte, estos actores son quienes impulsan el camino abierto para acusar al gobierno de López Obrador de narco, y difícilmente habrán de soltarlo, sobre todo porque, sostiene Tejera, son grupos de poder asociados con sus contrapartes estadounidenses. Si ello tendrá un efecto electoral adverso a Morena, está por verse. En términos generales, lo que provoca de inicio es el endurecimiento de una visión que ya se tenía en algunos estratos de a sociedad sobre la figura del presidente, y eso en un momento dado puede raspar a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum.

La figura del mártir y la ética mafiosa

En el mexicano promedio persiste el hábito de proteger al mártir. En su condición de antropólogo, Tejera toma como punto de referencia el contexto violento de hace 30 años. El magnicidio de Luis Donaldo Colosio estuvo enmarcado por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el alzamiento del EZLN y el atentado mortal sufrido por Francisco Ruiz Massieu, uno de los jerarcas del PRI. En las presidenciales de 1994, Ernesto Zedillo triunfó con 49.6 por ciento del voto, y más que el miedo, el investigador dice que fue por esa suerte de efecto sobrecogedor que impera en el país. “Si conviertes a alguien en un mártir, seguro van a votar por el que siga, el que representa a la imagen del mártir”. Eso seguramente lo sabe López Obrador, y juega con ello.

El mes que precedió el inicio de las campañas fue trepidante en lo mediático. Cuatro de los principales cabezales estadounidenses, ProPublica, Insight Crimen, The New Yor Times y The Wall Street Journal, dieron curso a los informes de las investigaciones realizadas por la DEA sobre la supuesta inyección de capital del crimen a las cruzadas de 2006, 2012 y 2018 del actual presidente. Desde el origen, la información que les fue facilitada no comprometía a López Obrador, pero encontró en el México polarizado su gran caja de resonancia. Para los contrarios al presidente y su movimiento, es combustible para mantenerlos encendidos. Y para sus fieles, igual. Los ataques no hacen sino acrecentar su aura de mártir en potencia. “La cultura es una estructura más o menos desorganizada, pero tiene elementos que se pueden juntar fácilmente”, explica Tejera. “Entonces, si tienes una posición de pueblo, de populismo, de nacionalismo, que un periódico norteamericano venga a decir que tu presidente es esto y lo otro, no abona mucho para que te lo creas. Quizá en lugares como la Ciudad de México, donde tienes más clase media, con más información y espacios de difusión y consulta a las redes sociales, puede influir. Pero no estoy muy seguro que eso prospere en áreas como Iztapalapa, el sur o sureste del país, que tiene otra manera de percibir el desarrollo y las acciones que ha emprendido López Obrador”.

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El bloque político del PRI-PAN adquirió forma desde mediados de 1990. El PRD fue diezmado gradualmente desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, hasta terminar constituyendo una fuerza menor, adherida a esos dos partidos, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Morena sumó al PT y Verde Ecologista para erigirse como una coalición de “izquierdas”. En tal condición arrasó en las elecciones de 2018, y las principales encuestadoras dan por sentado que habrá de repetir en fuerza este 2024. En la lucha electoral, sin embargo, uno y otro bloque han echado mano de figuras cuestionables por sus presuntos lazos criminales, como el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca o el ex priista y hoy candidato del Verde, Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas. Debajo de ese tipo de postulaciones tiene lugar la batalla que se cobra con la vida de los políticos de menor rango, tengan o no los vínculos atribuidos a esas grandes figuras que llegarán, sin amenaza alguna, al Parlamento.

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La ética política presumida por uno y otro bando no deja de ser anécdota discursiva, inscrita en esa guerra de las palabras descrita por el politólogo Israel Covarrubias. Pero en la guerra de baja o alta intensidad a nivel territorial, donde el narco es una variable central, se establece lo que él llama una “ética mafiosa”, en la cual se cubren unos a otros las espaldas. “Esto me parece que es lo que está teniendo lugar, no porque antes no lo tuvieras, sino que ahora está reproduciéndose de manera más ampliada”, señala. “Habrá que esperar las próximas semanas para ver si el impacto de esta guerra de las palabras y esta guerra a ras de tierra impacta en las preferencias electorales, porque, al menos hasta el día de hoy, no veo que se estén moviendo a favor de una u otra candidata”.