Denuncian ejidatarios despojo de tierras; se manifiestan en San Lázaro

CDMX.- Los propietarios del Ejido “El Bajío” en Caborca, Sonora, acudieron hasta San Lázaro para denunciar ante diputados el despojo de sus tierras por parte de una empresa minera para la explotación de oro y plata.

Los afectados se reunieron con legisladores y exigieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que de solución a este conflicto que se ha prolongado por más de 20 años y también pidieron a la empresa Penmont la devolución de los recursos generados por la explotación.

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Rubén Olivares y Williardo De la Cruz, apoderados legales y asesores jurídicos de las familias Cruz Pérez, Cruz López y Cruz Figueroa, indicaron que Alejandrina Gámez Rey, magistrada titular Tribunal Unitario Agrario Del Distrito 28 con sede en Hermosillo, Sonora, incumplió con las sentencias y excitativas del Tribunal Superior Agrario para devolverles las casi 2 mil hectáreas que les fueron arrebatadas hace dos décadas.

Durante una entrevista en la Cámara de Diputados señalaron a la magistrada por actuar con dolo en contubernio para beneficiar a la Minera Penmont, ya que el 16 de octubre del 2023 desacató a la excitativa de justicia 165/2023 emitida por el Tribunal Superior Agrario.

“Estamos a cinco meses de que concluya su mandato el actual Presidente (López Obrador) y esperamos que cumpla con sus promesa de terminar con los casos de corrupción judicial, en este caso de una magistrada agraria, que en contubernio con el comisariado ejidal, Jesús Javier Thomas González y autoridades de las delegaciones en Sonora de Semarnat, Profepa y Registro Agrario Nacional, están protegiendo a la citada minera”, explicaron los asesores.

Asimismo reclamaron que la magistrada ha dado validez a actos jurídicos simulados por parte del citado comisariado ejidal, lo que impide que se dé la restitución del territorio, lo que fue ordenado desde 2011.

“La sentencia 188/2009, de fecha 14 de noviembre del 2011, en donde condenó al Ejido el Bajío, representado por el comisariado ejidal, declarando nulos de pleno derecho, y por tanto inexistentes los acuerdos tomados en las asambleas de ejidatarios”, explicaron los representantes de los ejidatarios.

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La resolución de la sentencia establece que deben de ser indemnizados.

“Lo queremos decir con mucha claridad y con las pruebas legales en la mano, los únicos titulares de derechos sobre las tierras de uso común, y la condena a la minera Penmont a pagar todos los productos y aprovechamientos que obtuvo durante el tiempo que estuvo y este en posesión de dichas tierras, en favor de sus dueños originales y avalados por fallos judiciales”, finalizaron.