Hasta septiembre discutirán la Ley Minera

Las comisiones de Energía y Economía de la Cámara de Diputados pospusieron hasta septiembre la discusión de la Ley Minera, de Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico.

Debido a que el actual periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de abril, el presidente de la Comisión de Energía, el morenista Manuel Rodríguez, indicó que “de ninguna manera factible” se podrá aprobar esta iniciativa que ha sido impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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La Ley Minera busca, según Jorge Peláez, Coordinador de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres e integrante de la colectiva Cambiémosla Ya, regular el sector de la minería que lleva más de 30 años beneficiando a empresas.

Manuel Rodríguez indicó que “no hay prisa” por aprobar esta iniciativa, ya que considera que primero se va a convocar a un parlamento abierto para escuchar a los involucrados, en el que se planea escuchar a empresarios, funcionarios y expertos.

“Hay que escuchar, por supuesto, a la industria, es decir al sector privado, a investigadores, científicos, académicos, al sector social y también al sector público”, dijo el presidente de la Comisión de Energía.

“Lo más seguro es que se inicien los trabajos en breve y que el análisis y discusión pueda seguir en los próximos meses para que ya podamos entrar en el siguiente periodo ordinario a la dictaminación y votación en el pleno; el siguiente periodo, como saben, inicia el 1 de septiembre y tenemos tiempo suficiente para organizar el número de parlamentos abiertos que se acuerden”, indicó Rodríguez.

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Además, el presidente de la Comisión de Energía agregó que busca que la ley tenga el “respaldo mayoritario de quienes están en la industria minera, pero especialmente también garantizar el beneficio para todos los mexicanos”.

La Ley Minera busca regular las concesiones en materia minera y reducirlas de 50 a 15 años. Además, busca regular el traspaso de las concesiones, pues hoy se traspasan entre particulares, sin intervención del Estado, de acuerdo con Peláez.

Otro punto, es que plantea la necesidad de hacer consultas previas para obtener el consentimiento libre e informado de pueblos y comunidades indígenas.

Con información de medios