Investigación del franquismo sienta a Garzón en el banquillo

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Internacional
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"Es un honor sentarme en el banquillo por investigar el franquismo", dijo Garzón hace unos meses.

Madrid, España.- Con la suerte ya echada en el juicio por las escuchas del "caso Gürtel", que el viernes quedó visto para sentencia, Baltasar Garzón vuelve mañana martes al banquillo de los acusados del Tribunal Supremo español. Allí arranca un proceso contra él que compromete la imagen de la Justicia española en el mundo. El juez que persiguió a Augusto Pinochet y a los ex represores argentinos será juzgado por investigar los crímenes del franquismo.

A sus 56 años y suspendido desde hace casi dos de sus funciones como juez instructor de la Audiencia Nacional española, Garzón se enfrenta a 20 años de inhabilitación, es decir, al final de su carrera en la judicatura, viviendo personalmente la paradoja de que hayan sido asociaciones ultraderechistas las que lo han sentado en el banquillo en un juicio en el que la fiscalía pide su absolución.

"Es un honor sentarme en el banquillo por investigar el franquismo", dijo Garzón hace unos meses. Las asociaciones de recuperación de la memoria histórica llevan tiempo celebrando actos y emitiendo comunicados de apoyo al juez, al que defienden como el único que escuchó a las víctimas del franquismo.

Candidato al Premio Nobel de la Paz por su persecución a los ex represores del régimen militar en Argentina (1976-1983), el magistrado está acusado de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando en 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100.000 personas durante la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975).

En esa investigación acusó al dictador Francisco Franco y a 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ya muertos, de crímenes de lesa humanidad. Estaba llamada a convertirse en un hito en la carrera de Garzón, pero la causa del franquismo acabó diluyéndose porque el magistrado tuvo que inhibirse en favor de los juzgados territoriales, obligado por la fiscalía.

Los apoyos a Garzón en este juicio no sólo han llegado desde dentro de la propia España, que según recalcan algunos historiadores y expertos aún no ha conseguido enfrentarse a su pasado. Amnistía Internacional considera "escandaloso" que el magistrado "sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos".

Juristas internacionales y miembros de organizaciones de defensa de derechos humanos asistirán como observadores internacionales a un proceso que, según sostienen, afecta a la independencia judicial.

"Es la primera vez que se procesa a un juez por defender los derechos humanos; la primera vez en la Unión Europea que un juez es sometido al derecho penal por defender derechos humanos y perseguir crímenes internacionales", manifestó hoy el jurista estadounidense Redd Brody, representante de Human Rights Watch.

"La obligación de España y de cualquier Estado es perseguir cualquier violación de derechos humanos y no se puede juzgar a ningún juez por hacerlo", dijo por su parte el consejero jurídico de Amnistía Internacional, el argentino Hugo Relva. "Los crímenes de guerra o de lesa humanidad no pueden ser amnistiados".

En la mente de los observadores de la comunidad jurídica internacional está el principio de justicia universal, que en el pasado permitió a la Audiencia Nacional española enjuiciar crímenes cometidos por algunas dictaduras, como la argentina o la chilena, pero también por gobiernos democráticos, y que creó problemas diplomáticos a España en algunos casos.

Desde 2009, ese principio se encuentra limitado por una serie de medidas pactadas por los dos grandes partidos españoles, el PP y el PSOE, y aprobadas en el Parlamento español.

La persecución judicial de Garzón por el caso del franquismo comenzó cuando, en 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella contra él presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias, una organización de ultraderecha que no cuenta con representación oficial en ningún centro de trabajo en España y está liderada por Miguel Bernad, ex dirigente de Fuerza Nueva, otra formación de extrema derecha.

A Manos Limpias se unió la organización Libertad e Identidad. Y posteriormente presentó otra querella Falange Española de las JONS, heredera del partido único sobre el que se asentó la dictadura de Franco, si bien fue expulsada despúes de un proceso en el que ha habido muchas controversias.

Una de ellas es la actuación del juez instructor Luciano Varela, que ha formado parte del tribunal que juzgó la semana pasada a Garzón en el caso de las escuchas ordenadas por el magistrado en el "caso Gürtel", la trama de corrupción masiva que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años. La defensa de Garzón intentó varias veces y sin éxito apartar a Varela del juicio por "Gürtel".

En su día, Varela apuntó a Manos Limpias y Falage Española de las JONS las correcciones que debían hacer en sus escritos para que éstos pudieran ser admitidos y no fueran declarados nulos.

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