Ley SB1070 sortea seis de las ocho demandas en su contra

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Internacional
/ 16 diciembre 2010

La jueza federal determinó que esta organización no había presentado suficiente evidencia que comprobara un peligro real e inminente.

Phoenix.- Seis de las ocho demandas presentadas en contra de la ley SB1070 de Arizona que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos han sido desestimadas.

La jueza Susan Bolton rechazó ayer una demanda interpuesta por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) que cuestionaba la legalidad del material de entrenamiento entregado a la agencias del orden del estado para implementar la controvertida ley que entró en vigor el pasado 29 de julio.

LULAC argumentó que estos materiales, entre ellos un vídeo, promueven el perfil racial.

La jueza federal determinó que esta organización no había presentado suficiente evidencia que comprobara un peligro real e inminente.

Previamente Bolton desestimó otras demandas, incluyendo las interpuestas de forma separada por dos policías de origen hispano que trabajan en las ciudades de Phoenix y Tucson.

"Como lo dije el día que firme la SB1070, creo que Arizona al igual que los Estados Unidos está gobernado por leyes", dijo la gobernadora Jan Brewer en un comunicado de prensa.

Enfatizó que seis de las ocho demandas presentadas en contra de la SB1070 ya fueron desestimadas y porciones de las dos demandas restantes que pedían bloquear por completo la implementación de la nueva regulación, incluyendo la querella interpuesta por el Departamento de Justicia de EE.UU, también fueron rechazadas.

Actualmente el estado de Arizona espera la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en California sobre una apelación interpuesta por Brewer en la que pide se implementen de inmediato las cláusulas bloqueadas previamente por la magistrada Bolton que otorgan facultades migratorias a policías locales.

Otra demanda que aún se mantiene en corte es la interpuesta por una coalición de organizaciones nacionales entre ellas el Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

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