Anuncia EU reformas en centros de detención familiar tras críticas

Washington, EU - El gobierno de Estados Unidos anunció hoy cambios en la política de detención de familias indocumentadas en centros de detencion familiar, donde se encuentran encarcelados madres y niños centroamericanos, algunos desde hace más de un año.

El secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, anunció que se acortará el período de encarcelamiento de las familias y se establecerán menores fianzas para ellos.

El anuncio coincidió con el regreso a Washington de ocho congresistas demócratas, que a principios de esta semana visitaron los centros de detención familiar de Karnes y Dilley en Texas y criticaron las condiciones en las que viven los menores y sus madres.

Para aquellas madres y niños que han demostrado que tienen un caso de "temor creíble y razonable de persecución" en sus países de origen se establecerá una fianza "razonable y realista, teniendo en cuenta su capacidad para pagar y el riesgo de fuga o el peligro para la seguridad de los ciudadanos", dijo Johnson, que no precisó el monto.

También se acelerarán las entrevistas de los solicitantes de asilo con las autoridades migratorias, de modo que "la detención de familias sea de corto plazo en la mayoría de los casos".

Washington cambiará sus políticas de detención para familias indocumentadas para "cumplir las leyes de inmigración de una manera justa y humana y en consonancia con nuestros valores como estadounidenses", añadió Johnson.

El secretario consideró que el uso de estos centros de detención familiar, sin embargo, facilitará la identificación y deportación rápida de personas que no justifiquen su solicitud de refugio.

Los congresistas, que pertenecen al mismo partido que el presidente Barack Obama, consideraron que las reformas son "insuficientes" e instaron al gobierno a cerrar inmediatamente estos centros de detención familiar.

"Agradezco al secretario Johnson por los cambios, pero esto no se puede arreglar. Hay que cerrar estos centros", dijo en rueda de prensa el congresista Luis Gutiérrez, quien consideró "inaceptable encarcelar a un niño por un año".

La mayoría de las mujeres y niños encarcelados en los centros de detención familiar han huido de la violencia en Centroamérica y han solicitado el estatus de refugiado al llegar a la frontera estadounidense.

Los legisladores explicaron en rueda de prensa que muchos de ellos continúan encarcelados porque "no tienen dinero para pagar la fianza que ha fijado el juez" para quedar en libertad hasta que una corte de inmigración determine si se les concede o no el estatus de refugiado.

"Estas madres y niños no son criminales, no han hecho nada malo y no han violado la ley", señaló Gutiérrez. De hecho, son sus derechos los que han sido violados, afirmó.

Los congresistas mostraron a la prensa un vídeo grabado por ellos en el que se puede ver a decenas de mujeres y niños en uno de esos centros gritando: "Queremos libertad. Queremos ser libres".

A la congresista Judy Chu estos centros de detención familiar le recordaban a los campos de reclusión de japoneses-estadounidenses en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

"De la misma manera que hablamos de los centros de reclusión de japoneses-estadounidenses como prisiones para personas que no cometieron crímenes, tenemos que llamar a los centros de detención familiar de Dilley y Karnes lo que son: prisiones para personas que no son criminales", añadió la congresista de California.

Los congresistas explicaron que una de las mujeres con la que hablaron cuando visitaron estos centros de Texas intentó suicidarse después de su visita.

"El centro de Dilley tiene un nombre que parece un 'spa': el centro residencial familiar del Sur de Texas. Pero si es un centro residencial familiar tan maravilloso, ¿por qué sus residentes intentan suicidarse y por qué cientos de mujeres y niños se manifiestan exigiendo su libertad?", se preguntó Chu.

Los legisladores denunciaron que existen otras alternativas, más humanitarias y menos costosas que encarcelar en estos centros de detención familiar a mujeres y niños por período largo de tiempo.

Los congresistas denunciaron que empresas privadas administran estos centros de detención familiar, por lo que cuanto más tiempo pernanezcan ahí los indocumentados, más negocio para ellas. Y consideraron "absurdo que los contribuyentes estadounidenses estén pagando 125.000 dólares al año por persona detenida, porque no tenían 5,000 dólares para pagar la fianza" que les había impuesto el juez.