Afirman que Gobierno de Trump prepara ofensiva contra políticos mexicanos incluidos miembros de Morena

Los señalamientos sobre una posible ofensiva anticorrupción de Estados Unidos contra políticos mexicanos han encendido alertas en el escenario político bilateral, luego de que Los Angeles Times reveló que la administración del presidente Donald Trump prepara acciones judiciales contra funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado, una estrategia que también retomó Código Magenta, podría escalar más allá de la cancelación de visas.

De acuerdo con el reporte del diario estadounidense, la nueva etapa de presión contemplaría acusaciones en cortes federales contra actores políticos mexicanos, incluidos perfiles vinculados a Morena.

La advertencia pública fue lanzada por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien durante un evento en Los Mochis aseguró que el combate a la corrupción será un eje prioritario y adelantó que “pronto” podrían anunciarse medidas relevantes en esa materia.

El mensaje del diplomático fue interpretado como la antesala de una estrategia más agresiva desde Washington.

Según la publicación de Los Angeles Times, el Departamento de Justicia estaría evaluando expedientes que podrían derivar en imputaciones formales, un escenario que implicaría la intervención de Grandes Jurados, presentación de pruebas financieras y testimonios protegidos, elevando considerablemente la presión política sobre el gobierno mexicano.

La información retoma antecedentes recientes. En meses previos, agencias estadounidenses habían solicitado a México investigar y eventualmente extraditar a funcionarios bajo sospecha de colaboración con organizaciones criminales.

Aunque el gobierno mexicano negó que existieran peticiones específicas, la versión fue retomada ahora por Los Angeles Times como parte de una estrategia sostenida de endurecimiento.

Uno de los nombres mencionados en los reportes es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien presuntamente se le habría retirado la visa estadounidense junto con otros funcionarios, aunque no existen acusaciones judiciales abiertas en su contra. El mandatario estatal ha rechazado cualquier vínculo con grupos criminales.

La eventual judicialización del caso supondría un cambio profundo en la relación bilateral. Hasta ahora, la revocación de visas había sido la herramienta más visible de presión diplomática; sin embargo, una acusación penal en tribunales estadounidenses significaría trasladar la disputa al terreno judicial, con consecuencias legales y políticas mucho más severas para las figuras involucradas.

Este escenario representa un reto delicado para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrenta la necesidad de mantener la cooperación en materia de seguridad con Washington sin abrir fisuras dentro de Morena. Si la ofensiva alcanza a cuadros relevantes del partido oficialista, la presión externa podría transformarse rápidamente en un conflicto político interno.

Además, el endurecimiento ocurre en medio de un contexto complejo para la relación entre ambos países, marcado por la revisión del T-MEC, cuestionamientos sobre certeza jurídica y reclamos empresariales por el clima de inversión en México. En ese entorno, el combate a la corrupción se perfila como un nuevo frente de tensión en la agenda bilateral.

Aunque hasta ahora no se han presentado cargos formales ni expedientes públicos, la revelación de Los Angeles Times, difundida también por Código Magenta, abre la posibilidad de una escalada sin precedentes en la presión estadounidense contra actores políticos mexicanos bajo sospecha de nexos con el narcotráfico.