Beltrán Leyva pagó millones a funcionarios durante gobierno de Calderón: testigo en EU

Por Mark Stevenson y María Verza para AP

Un ex enlace mexicano de alto nivel con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) es procesado en Estados Unidos por pasar información al cártel de las drogas de los hermanos Beltrán Leyva durante al menos siete años a cambio de millones de dólares.

Iván Reyes Arzate, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en Chicago, era el comandante de una unidad de inteligencia especial que compartía información tanto con la DEA como con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según la acusación revelada el miércoles por una corte de distrito del Illinois.

Horas antes de que dicha corte informara del proceso contra Reyes Arzate, el comisionado de la Policía Federal de México, Manelich Castilla, informó del caso pero sin especificar el nombre ni cargo del mismo. Castilla sólo dijo que el “ex policía” fue separado de su cargo en noviembre y que se entregó recientemente a las autoridades estadounidenses en Chicago.

La acusación estadounidense va, sin embargo, mucho más allá. Detalla que Reyes Arzate, de 45 años, lideró durante varios años una unidad de investigaciones especiales de la Policía Federal y, como jefe de la misma, era “el principal enlace de información” con las autoridades estadounidenses.

Según un ex policía federal que pidió el anonimato porque ya no forma parte de ese cuerpo, Reyes Arzate estaba en el tercer nivel de mano de dicha corporación.

Sin embargo, trabajó también para el cártel de los Beltrán Leyva al menos desde 2009, ya que la acusación asegura que mantuvo encuentros directos con su líder, Arturo Beltrán, y este capo murió abatido por las fuerzas federales mexicanas en diciembre de ese año.

Las unidades especiales, llamadas SIU por sus siglas en inglés (Sensitive Investigative Unit) surgieron en los años 90 para tener grupos de plena confianza con los que Estados Unidos pudiera intercambiar la información más delicada.

Por ese motivo, sus mandos eran entrenados e investigados previamente por los estadounidenses quienes, además, se encargaban de los controles de confianza y los exámenes del polígrafo. No obstante, según la acusación, “algunos comandantes senior” de esas unidades quedaron exentos de tales pruebas.

El resultado, al menos en este caso, fue la infiltración.

Reyes Arzate era un funcionario con acceso a información confidencial y delicada de la lucha contra el crimen organizado que supervisó operaciones que conllevaron numerosas detenciones, “incluidas las de múltiples miembros del Cártel de Sinaloa acusados en este distrito”, dice la acusación sin especificar.

Sin embargo, al mismo tiempo, facilitaba información a los Beltrán Leyva a cambio de pagos regulares que sumaron millones de dólares y conspiraba para “obstruir, influir e impedir” cualquier investigación que les afectara.

“Saben que estás ahí y quieren ver con quién andas. No hables”, advertía el ex policía a los capos, a quienes incluso proporcionó fotos de las investigaciones en marcha y les pedía deshacerse de los teléfonos interceptados.

“Líbrate de todo (…) Ayer llegó un audio y dijeron que estaban en el segundo nivel (…) No andes con nadie en público los próximos días” eran el tipo de datos y consejos que daba, según transcripciones de sus conversaciones incluidas en la acusación y que comenzaron a ser rastreadas el pasado mes de septiembre.

Reyes Arzate reconoció haberse reunido con un capo pero negó haberle dado información.

Más allá de las escuchas realizadas al funcionario, la acusación ofrece el testimonio de una fuente anónima que explica cómo el ex policía mantenía reuniones “mensuales” con Arturo Beltrán Leyva, en las que también estaban “funcionarios de alto rango del gobierno mexicano y agentes de seguridad” y en las que todos recibían “millones de dólares” para garantizar su lealtad y que protegieran los intereses del cártel.
En concreto, se menciona una cita de 2009 en la que Beltrán informa a los funcionarios de su preocupación porque creía que su organización estaba infiltrada por un colombiano que trabajaba como informante de la DEA y que había facilitado la aprehensión de cargamentos de toneladas de cocaína.

Según esa misma fuente de la acusación, Reyes Arzate desveló al capo la identidad de dicha persona por lo que Arturo Beltrán, delante del ex policía, ordenó secuestrar, torturar y matar al informante. Posteriormente, pagó a los tres funcionarios presentes tres millones de dólares.

Según explicó Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, a The Associated Press, uno de los problemas de las unidades especiales como la que lideraba Reyes Arzate era precisamente que sus mandos se negaban a pasar los controles de confianza aunque los agentes de más bajo nivel sí eran sometidos a ellos, con lo que la información “podía quedar fácilmente comprometida”.

Vigil cree que muchos de esos mandos “son corruptos” o “tienen serios problemas de integridad” y que por eso no quieren someterse a los controles que, si se hicieran a todos, conllevarían tener en marcha un programa muy eficaz.

El caso suscita muchas interrogantes sobre cómo una infiltración de este tipo pudo persistir durante tanto tiempo y no ser detectada, pero no es el único escándalo de corrupción de alto nivel que se ha descubierto recientemente entre las autoridades mexicanas.

Hace una semana, el fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia, un funcionario estatal con acceso a las principales plataformas de información mexicanas, fue arrestado en Estados Unidos por conspiración para traficar con cocaína, heroína y metanfetaminas desde enero de 2013 hasta el pasado mes de febrero.

“Aquí hay un patrón”, dijo a AP el analista de seguridad Alejandro Hope. “En ambos casos, las capturas se han hecho sin la participación de las autoridades mexicanas, eso es lo que me llama un poco la atención”.

Tanto el proceso de Reyes Arzate como el de Veytia podrían contribuir a incrementar las ya existentes tensiones por otros temas entre México y Estados Unidos.

De ahí que se lamenten quienes intentaron afianzar la colaboración entre los dos países en temas de crimen organizado. “Esto daña la relación de trabajo que tanto nos ha costado construir”, señaló Vigil.