Bloquea juez orden de Trump de suspender las solicitudes de asilo en la frontera
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El juzgador consideró que el presidente no tiene la facultad de repatriar o remover a personas de Estados Unidos
Un juez bloqueó la orden del presidente Donald Trump que prohibió el acceso a asilo en la frontera en la frontera con México, lo que pone en duda una de las claves del plan para frenar la migración. El gobierno federal tiene dos semanas para apelar la determinación.
El 20 de enero, Trump declaró que la situación en la frontera sur constituye una invasión, por lo que suspendió la entrada física de migrantes y la facultad de solicitar asilo.
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Sin embargo, el juez federal Randolph Moss consideró que la medida es ilegal y programó para el 16 de julio la entrada en vigor de su sentencia, con lo que la Administración Trump tendrá tiempo para apelar.
Moss consideró que ni la Constitución ni la ley de inmigración le dan al presidente Trump “un régimen extraestatutario, extrarreglamentario para repatriar o remover individuos de Estados Unidos, sin una oportunidad de solicitar asilo” u otras protecciones humanitarias.
Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha informado si apelará la sentencia, aunque Trump ha calificado como “exceso judicial” algunos de los fallos que van contra sus políticas.
El bloqueo a la orden de Trump se da el mismo día en que se dio a conocer que los cruces ilegales en la frontera México-Estados Unidos cayeron a mínimos históricos durante junio.
Trump ha argumentado que el sistema de asilo en Estados Unidos ha sido abusado, pues atrae a personas que saben que podría tomar años adjudicar sus reclamos en tribunales de inmigración y en ese tiempo pueden trabajar y vivir en el país.
Sin embargo, defensores del asilo argumentan que el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos está garantizado en la ley nacional y en compromisos internacionales, incluso para quienes cruzan la frontera en forma ilegal.
Sostienen que el asilo es una protección vital para quienes huyen de la persecución, una protección garantizada por el Congreso y el presidente no la puede ignorar.
Personas que buscan asilo deben demostrar un temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a un grupo social o político particular.
Trump había argumentado que la Ley de Inmigración y Nacionalidad le da a los presidentes la facultad de suspender la entrada de cualquier grupo que se considere “perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.