Cómo una pelea de globos de agua en Venezuela terminó en cargos de traición a la patria

VENEZUELA- Los chicos estaban allí para una pelea de globos de agua.

Era una tradición anual para iniciar las celebraciones de carnaval en Barcelona, una ciudad costera de clase trabajadora del este de Venezuela. Pero apenas dos días después de la captura del presidente de la nación, Nicolás Maduro, todos esos gritos y risas fueron mal recibidos por las autoridades.

Agentes de la policía local y soldados de la Guardia Nacional llegaron en gran número y, según dos de los chicos y los familiares de otros cuatro, dispararon. Los chicos y jóvenes —de 13 a 25 años— se dispersaron, pero la policía detuvo a 25 de ellos. Dos días después, los fiscales estatales presentaron cargos.

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¿Su delito? Traición a la patria.

“‘Los voy a joder’”, recordó uno de los chicos, de 17 años, que le dijo un agente de policía tras su detención, utilizando un improperio. “‘Ustedes están a favor de Donald Trump’”.

Una reportera y un fotógrafo de The New York Times visitaron la semana pasada el barrio donde vive la mayoría de los detenidos y entrevistaron a dos de los chicos y a siete de sus familiares, así como a otros venezolanos de todo el país. La mayoría habló bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno.

Esas entrevistas revelaron que, bajo el gobierno provisional de Venezuela respaldado por el gobierno de Donald Trump, la vigilancia ciudadana y la represión siguen muy presentes.

El presidente Trump ha elogiado a la dirección interina de Venezuela por su gran cooperación, especialmente en la apertura del acceso estadounidense al petróleo del país. Esos dirigentes, que son las mismas personas que ayudaban a dirigir el régimen autoritario de Maduro, también han generado titulares positivos por haber liberado a casi 150 presos políticos, aproximadamente una sexta parte del total estimado de la nación.

Pero, al mismo tiempo, también han ido sumando detenidos en silencio, arrestando y encarcelando a personas sospechosas de oponerse al gobierno como parte de una campaña nacional para sofocar la disidencia, iniciada después de que Estados Unidos capturara a Maduro hace tres semanas.

Las fuerzas de seguridad han instalado puestos de control en las carreteras, han registrado los celulares de los ciudadanos, han extorsionado a gente cuyo rastro digital incluía críticas al gobierno y han detenido a decenas de personas sospechosas de celebrar la captura de Maduro.

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Andrés Azpúrua, un activista por la libertad en internet en Venezuela que da seguimiento a la represión gubernamental, dijo que una persona puede ser detenida simplemente por transitar por las calles. Quizá no la metan a la cárcel, aclaró, pero sí le exigirán el teléfono. Aunque eso ya ocurría desde hace mucho tiempo, dice que la escala ha crecido.

El resultado es que muchos venezolanos, aunque quizá estén más esperanzados desde la captura de Maduro, siguen aterrorizados de decirlo en voz alta.

“Sabemos lo que está ocurriendo, pero nadie puede opinar”, dijo un conductor de 49 años que vive en el mismo estado que los chicos detenidos. “Queremos gritar, celebrar, pero no podemos. Quiero, pero no sé en dónde”.

Durante la entrevista, el hombre a menudo hablaba en susurros, preocupado de que su vecino pudiera oírlo y denunciarlo a la policía. Añadió que deja su celular cada vez que sale, temeroso de que la policía lo registre.

El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios. Diosdado Cabello, el poderoso ministro del Interior del país, que dirige gran parte de las fuerzas de inteligencia y seguridad del Estado, reconoció la semana pasada que algunos agentes habían extorsionado a ciudadanos.

“Yo les he dicho a los funcionarios policiales, que quien quiera ser policía para matraquear no tiene espacio aquí”, dijo, según un mensaje de su partido político.

La ansiedad de los venezolanos se debe a años de represión dura y sistemática por parte del gobierno de Maduro. Una compleja combinación de fuerzas de seguridad —desde soldados y policías hasta agentes de inteligencia y milicias armadas y enmascaradas— espiaba, amenazaba, extorsionaba y detenía a personas consideradas una amenaza potencial para el régimen. Entre los objetivos figuraban políticos de la oposición, activistas, académicos, periodistas e incluso personas comunes que simplemente habían criticado al gobierno en conversaciones privadas.

En las últimas dos semanas, las autoridades venezolanas poco a poco han ido liberando a aproximadamente una sexta parte de los casi 900 presos políticos del país, según grupos de derechos humanos.

La Casa Blanca se ha atribuido el mérito. Trump también ha elogiado repetidamente a la dirigente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, al tiempo que ha socavado a su rival, María Corina Machado, la líder de la oposición en el exilio.

“Está haciendo un muy buen trabajo. Tenemos una relación muy buena”, declaró Trump a los periodistas el miércoles.

Al mismo tiempo, Rodríguez ha estado dirigiendo una campaña de represión en su país.

El día en que Maduro fue capturado, Rodríguez anunció un estado de excepción en Venezuela que, en efecto, otorgaba al gobierno la autoridad para detener a cualquier sospechoso de apoyar el ataque estadounidense. Dijo que Maduro había firmado la medida, supuestamente mientras corría para ponerse a salvo tras el inicio de los ataques.

Desde entonces, las autoridades de Venezuela han detenido al menos a 31 personas y las han acusado de apoyar el ataque estadounidense, según un análisis de noticias locales. Varias fueron detenidas por videos que publicaron en las redes sociales.

El caso más llamativo fue la detención de 25 niños y jóvenes en Barcelona, una ciudad situada a unas cinco horas al este de Caracas.

Durante la visita reciente de los reporteros del Times, la ciudad estaba en vilo. En cuatro puestos de control, agentes armados interrogaban y a veces registraban a los transeúntes. Al anochecer, en el barrio densamente poblado donde vivían los detenidos, alrededor de una decena de policías patrullaban las calles en motocicletas. Según los residentes, la presencia policial había aumentado desde la captura de Maduro.

Los problemas para los jóvenes del barrio empezaron el 5 de enero. Los chicos llenaban globos de agua en la orilla del río Neverí y luego, según los videos, se perseguían unos a otros por un terreno baldío, lanzando los globos y riendo.

Cuando aparecieron las autoridades, los jóvenes creían que los arrestos serían temporales; solo para enseñarles una lección sobre causar alborotos en las calles. Pero cuando la policía empezó a mencionar a Trump y a Maduro, y luego trasladó al grupo a una cárcel más grande, quedó claro que la situación era más grave.

“Y entonces todos nos pusimos a llorar y eso, que por qué, que ellos no eran ningunos delincuentes, solo eran unos niños jugando carnaval”, dijo la madre de dos detenidos, describiendo la escena de padres angustiados afuera de la cárcel. Los policías “dijeron que no, porque el país estaba en problemas. Y si sabían cómo estaba el país, ¿por qué dejaron a sus hijos estar en la calle?”.

Quince menores del grupo fueron procesados por varios cargos, entre ellos “traición a la patria”, según un documento judicial consultado por el Times. Las familias de los 10 detenidos mayores de 18 años dijeron que también habían sido acusados de traición.

Las familias empezaron a distribuir videos sobre los adolescentes en las redes sociales, denunciando su detención. Los videos cobraron fuerza en la comunidad local y, una semana después de su encarcelamiento, las autoridades pusieron en libertad a los 15 menores con la condición de que permanecieran en Venezuela y volvieran al tribunal una vez al mes.

Sin embargo, los 10 detenidos adultos siguen en la cárcel.

“Llevo días sin comer”, dijo Scarlett Ruiz, de 24 años, hermana de uno de los detenidos, quien tiene 19 años y se había estado preparando para ingresar en la universidad a finales de este año. Dijo que la familia lleva dos semanas llevándole comida y asistiendo a las audiencias judiciales, viendo cómo se deteriora su estado.

“Ahí mi hermano no duerme, y tiene unas ojeras”, dijo Ruiz. “Le dicen cosas como que tú no vas a salir de aquí”.

María Reyes dijo que estaba preocupada por su hijo detenido, de 21 años, porque sufría regularmente ataques epilépticos.

Y Karen García, madre de un detenido de 18 años, dijo que no veía a su hijo desde el 5 de enero y que estaba confundida por cómo su familia se había visto envuelta en la situación. “Nosotros no somos nada políticos, ni nos interesa opinar sobre eso”, dijo. “Lo único que queremos es la libertad de nuestros muchachos”. c. 2026 The New York Times Company.

Por Tibisay Romero, Jack Nicas y Patricia Sulbarán, The New York Times.