Denuncian plan del Gobierno de Trump de construir campo de concentración en Guantánamo para migrantes cubanos
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Decenas de organizaciones escriben al Congreso después de que el general anunciara un plan para “gestionar” a quienes huyen de cualquier crisis humanitaria en la isla
Un amplio bloque de organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y otros países ha advertido sobre el riesgo de que el gobierno de Donald Trump reactive un sistema de detención masiva de migrantes cubanos en la base naval de la Bahía de Guantánamo.
En una carta remitida a integrantes del Congreso estadounidense, 85 grupos de defensa de los derechos civiles, instituciones religiosas y organizaciones jurídicas expresan su alarma ante recientes declaraciones de altos mandos militares y el rumbo de la política hacia Cuba.
El llamado surge después de que el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur (Southcom), informara durante una audiencia en el Senado que la administración está preparada para habilitar nuevas instalaciones de detención en Guantánamo si la situación en Cuba da lugar a un incremento repentino de personas que intenten huir.
En ese intercambio, el senador republicano Tom Cotton solicitó precisiones sobre los planes ante una eventual “crisis humanitaria”.
Donovan respondió que, conforme a las órdenes recibidas, Southcom apoyaría al Departamento de Seguridad Nacional en caso de un flujo migratorio masivo, incluso mediante la instalación de un campamento en la base para atender a quienes fueran interceptados.
Las organizaciones firmantes ven en esas declaraciones un retroceso grave.
En la carta enviada a los legisladores subrayan que Guantánamo “debería ser una reliquia del pasado”, y piden cortar de inmediato cualquier financiamiento destinado a centros de detención en la base.
También instan a garantizar que ese territorio no vuelva a emplearse para la retención extralegal de migrantes, y a suspender la política de sanciones económicas que, señalan, está alimentando el deterioro humanitario en la isla.
La preocupación se intensifica porque desde hace meses diversos organismos internacionales han advertido que Cuba atraviesa un momento crítico, producto de la escasez de combustible, una economía debilitada y presiones externas.
Las recientes medidas impulsadas por Trump —incluida la estrategia para obstaculizar el acceso de la isla a fuentes de energía— han agravado ese escenario, según las organizaciones.
Los grupos que respaldan la carta cuentan con amplia trayectoria en la defensa de personas afectadas por detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos.
Entre ellos figuran el Centro de Derechos Constitucionales, asociaciones de la sociedad civil de Estados Unidos, redes religiosas, organizaciones de apoyo a refugiados y entidades especializadas en justicia internacional.
En su conjunto, advierten que las instalaciones históricamente vinculadas a Guantánamo —tanto las destinadas a sospechosos de terrorismo como las creadas para migrantes— han sido señaladas por condiciones inhumanas, tratos abusivos y falta de garantías legales.
Por ello consideran “inaceptable” reactivar o ampliar cualquier infraestructura de ese tipo.
La inquietud también surge de las decisiones tomadas durante los primeros años del segundo mandato de Trump.
A principios del año pasado, el presidente firmó una orden ejecutiva que amplió la capacidad del gobierno para enviar a Guantánamo a inmigrantes detenidos en territorio estadounidense.
Desde entonces, cientos de personas han sido trasladadas a la base militar, algunas durante periodos prolongados mientras se resolvían sus procesos de deportación.
Paralelamente, la administración impulsó un proyecto para instalar campamentos temporales con capacidad para albergar a decenas de miles de migrantes, construcción que terminó siendo desmontada sin haber sido utilizada.
El Centro de Operaciones para Migrantes (MOC), que opera en Guantánamo bajo la supervisión tanto del Pentágono como del Departamento de Seguridad Nacional, ha funcionado históricamente como un espacio de detención para personas interceptadas en el mar, en general en números reducidos.
Sin embargo, su uso podría ampliarse en un contexto de tensión migratoria y presión política sobre Cuba.
Además, la empresa privada contratada para administrar esta instalación ha enfrentado señalamientos por las condiciones que mantiene en otros centros migratorios dentro de Estados Unidos.
El giro más reciente en la política de la administración Trump hacia la isla también influye en este clima.
Tras el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense declaró públicamente que “Cuba es la siguiente”, dando señales de posibles nuevas medidas punitivas.
Para los grupos que impulsan la carta, estas acciones no solo intensifican el sufrimiento de la población cubana, sino que también elevan el riesgo de un éxodo que el propio gobierno pretende contener mediante detenciones masivas.
“Si realmente existe preocupación por la migración cubana, la vía adecuada no es levantar campamentos en Guantánamo, sino dejar de empobrecer deliberadamente a la población mediante sanciones y bloqueos”, sostienen los impulsores del documento.
Desde su perspectiva, insistir en mecanismos de detención lejos del escrutinio público no resuelve la crisis subyacente y perpetúa un modelo de gestión migratoria que ha sido cuestionado durante décadas.
En conjunto, las organizaciones exhortan al Congreso a frenar cualquier intento de reutilizar Guantánamo como espacio de detención, a garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos y a buscar soluciones humanitarias que no impliquen confinamiento ni criminalización de quienes se ven obligados a huir de la isla.