El Salvador celebra un juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la notoria pandilla MS-13
Organizaciones de derechos humanos han advertido que los juicios colectivos violan el debido proceso e impiden que los acusados accedan a asesoría legal
Un tribunal salvadoreño inició el martes un juicio colectivo contra 486 presuntos miembros de pandillas, en uno de los mayores juicios masivos en el marco de la represión contra la violencia de pandillas del presidente Nayib Bukele mediante controvertidos poderes de emergencia.
Según la fiscalía, los cargos contra los presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, o MS-13, abarcan más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluido un fin de semana que fue el más sangriento en El Salvador desde su guerra civil.
Los cargos incluyen homicidio, feminicidio, extorsión y tráfico de armas.
En virtud del estado de emergencia que entró en vigor en 2022 y que se ha renovado repetidamente, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 91.500 personas y el Congreso aprobó un decreto que permite la celebración de juicios masivos.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que los juicios colectivos violan el debido proceso e impiden que los acusados accedan a asistencia letrada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró el martes su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el prolongado estado de emergencia y pidió que se ponga fin a su uso como estrategia para combatir la delincuencia.
“Este régimen suspende el derecho a la defensa legal y a la inviolabilidad de las comunicaciones, y además prolonga los plazos de la detención administrativa”, declaró la comisión en un comunicado.
Los acusados en el caso actual se encuentran recluidos en cinco prisiones, entre ellas Cecot, una tristemente célebre prisión de máxima seguridad inaugurada por el gobierno de Bukele en 2023 que se ha convertido en el símbolo de la política de tolerancia cero de El Salvador contra las pandillas.
La fiscalía salvadoreña ha presentado autopsias, análisis balísticos y testimonios de testigos como prueba, y ha solicitado al juez que imponga la pena máxima de prisión por cada delito.
Un solo acusado podría recibir hasta 245 años de prisión si es declarado culpable de múltiples cargos.
Entre los acusados se encuentran presuntos líderes de pandillas con larga trayectoria que participaron en la tregua entre el gobierno y las pandillas entre 2012 y 2014, durante la presidencia del exlíder Mauricio Funes.
El gobierno de Bukele ha declarado que la represión contra las pandillas, llevada a cabo bajo poderes de emergencia, redujo la tasa de homicidios el año pasado a 1,3 por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 7,8 de 2022.
