Estados Unidos sanciona a cuatro funcionarios de Nicaragua
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Las sanciones marginan a estas personas del sistema financiero internacional y congelan los bienes que pudieran tener en Estados Unidos
Estados Unidos impuso sanciones a cuatro funcionarios de Nicaragua a los que responsabiliza de la represión gubernamental a las protestas que sacudieron el año pasado la nación centroamericana.
Los cuatro sancionados son Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Orlando José Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR); Sonia Castro, ministra de Salud; y Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura.
Cualquier activo que posean en territorio estadunidense será bloqueado.
Las protestas comenzaron el año pasado contra una reforma al Seguro Social pero luego se concentraron en la salida del poder del presidente Daniel Ortega.
Las manifestaciones dejaron al menos 325 fallecidos y más de 2 mil lesionados según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Estados Unidos envía un mensaje inequívoco al presidente Ortega y a sus colaboradores más cercanos: Apoyamos al pueblo nicaragüense en su pedido por reformas y por un regreso a la democracia”, dijo la subsecretaria de Tesoro contra el terrorismo Sigal Mandelker.
Las sanciones elevan a al menos diez la cantidad de funcionarios nicaragüenses sancionados por Estados Unidos, incluyendo a Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, al hijo de ambos Laureano Ortega, y al comandante de la Policía Nacional Francisco Díaz.
Estados Unidos anunció la nueva ronda de sanciones un día después de que la Organización de Estados Americanos exhortara a Nicaragua a liberar a todos los opositores al gobierno, anular sus causas judiciales y restaurar sus derechos fundamentales.
Al cumplirse un plazo previamente acordado de 90 días, el gobierno de Ortega excarceló a todos los prisioneros incluidos en una lista consensuada. Pero la oposición asegura que al menos otras 84 personas permanecen tras las rejas.
Alrededor de 600 prisioneros han sido transferidos a un régimen de arresto domiciliario desde febrero.
El gobierno de Ortega suele referirse a sus opositores como "terroristas" y “golpistas”.
