Octogenaria cuyo desalojo desató protestas en España regresa a casa, dice su abogada

La mujer de 87 años en el centro del caso de desahucio más mediático en España en los últimos años regresará a casa, dijo su abogada el martes.

María del Carmen Abascal ha estado hospitalizada desde que fue sacada en camilla el miércoles del apartamento donde había vivido durante siete décadas. Su caso generó que decenas de miles de personas salieran a las calles en los últimos días y ha llevado al gobierno a presentar medidas para abordar la crisis de vivienda del país. Queda por ver si van lo suficientemente lejos como para apaciguar a los manifestantes.

Abascal, que se ha hecho ampliamente conocida simplemente como “Maricarmen”, aceptó un acuerdo con la empresa propietaria de su apartamento en el acomodado barrio de Retiro para regresar a casa tan pronto como reciba el alta, dijo a The Associated Press su abogada, Beatriz Duro.

“Está muy contenta”, dijo Duro.

El acuerdo limita su alquiler al 30% de sus ingresos, lo que significa que no pagará más de los 500 euros (570 dólares) al mes que abonaba anteriormente.

La coalición encabezada por los socialistas del presidente del gobierno Pedro Sánchez anunció las nuevas medidas a primera hora del martes, tras cuatro días de intensas protestas centradas en una acampada en Puerta del Sol, la plaza más emblemática de Madrid.

HACEN FALTA MEDIDAS SOBRE VIVIENDA

El principal decreto del gobierno amplía la protección contra los desahucios para los españoles vulnerables hasta 2030, regula el alquiler de habitaciones, impone un nuevo impuesto a los alquileres de temporada y se va a “paralizar la compra por parte de los fondos buitres para parar la compra especulativa” hasta 2028, dijo a los periodistas en el palacio presidencial la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. No está claro cómo se clasifican esos fondos ni cuál será el tamaño del impuesto, ya que el texto completo del decreto aún no se ha publicado.

También ofrece exenciones fiscales a los propietarios que alquilen a inquilinos de bajos ingresos, ofrece préstamos sin intereses a las familias que compren su primera vivienda y protege la vivienda pública y promueve su construcción, añadió Rodríguez.

Esto “ha sido gracias a la movilización ciudadana. A Maricarmen. A las miles de personas en la calle”, escribió en redes sociales la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz.

El aumento de los costos y la escasez de vivienda están dejando a muchos españoles fuera del mercado inmobiliario, pese al fuerte crecimiento económico de la cuarta economía más grande de Europa. Los manifestantes exigen mayores protecciones para los inquilinos, medidas para combatir el fraude y la prohibición de los desahucios cuando no haya una vivienda alternativa disponible.

Las Cortes Generales, el Parlamento español, tiene 30 días para ratificar las medidas, y el gobierno quiere acelerar el proceso, convocando un pleno extraordinario sobre vivienda para el viernes. La coalición del gobierno tiene 152 de los 350 escaños de la Cámara Baja, por lo que necesita el apoyo de partidos más pequeños de todo el espectro político para aprobar leyes. La falta de apoyo parlamentario a finales de julio impidió la aprobación de medidas similares.

SINDICATO DE INQUILINOS INSISTIRÁN

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, organizador de la protesta, indicó que se mantendrá cauteloso hasta poder revisar “la letra pequeña” del decreto.

“Las calles, esta acampada, todas las que hay ahora mismo en el Estado están echando un pulso histórico al gobierno para hacerle avanzar en el derecho a la vivienda con medidas que no estaban siendo contempladas. Y esto sigue”, dijo Alicia del Río, portavoz del sindicato.

Los activistas, que han convocado más protestas para el fin de semana en todo el país, decidirán posteriormente si desmantelan la acampada, dijo un portavoz a la AP en un mensaje de texto. El gobierno regional, encabezado por el conservador Partido Popular, ha pedido al delegado del gobierno que despeje la plaza en 48 horas antes de llevar el asunto a los tribunales. Los manifestantes se han mantenido pacíficos.

Desde que se instaló el campamento el sábado, ha aumentado el número de tiendas de campaña en la plaza céntrica. Han surgido acampadas de protesta más pequeñas en otras ciudades, desde Sevilla y Málaga, en el sur, hasta Santiago de Compostela, en el norte, y Palma de Mallorca, en las turísticas Islas Baleares, lo que ha atraído la atención internacional hacia un problema de larga data.

Consultado sobre la situación el lunes, el papa León XIV afirmó que los acontecimientos subrayan la necesidad de que los líderes políticos encuentren soluciones a la crisis de vivienda que afecta a muchas comunidades.

“Tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso. Porque está aumentando evidentemente, y muchas veces reaccionamos solo al momento de emergencia”, señaló, tras admitir que no estaba familiarizado con el caso. “Pero tenemos que ver de verdad cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar”.

España cuenta con una ley de vivienda desde 2023 que regula los alquileres y protege a los inquilinos, además de establecer topes al alquiler en zonas de alta demanda a solicitud de los gobiernos locales.

FAMILIA DE ABASCAL ALQUILA EL APARTAMENTO DESDE 1950

Medios españoles publicaron que el padre de Abascal alquiló por primera vez la propiedad en 1956 y ella continuó como inquilina después que murieran sus padres, durante un periodo en que existía un tope al alquiler. El edificio cambió de propietario en 2018, y a Abascal se le ofreció la oportunidad de comprar el apartamento, pero no pudo permitírselo, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que organizó la protesta del sábado.

Urbagestión, un fondo de inversión que posteriormente compró el apartamento, elevó su alquiler mensual de 500 euros (570 dólares) a 2 mil 650 euros. Después redujo el alquiler a mil 650 euros, una cantidad que Abascal aún no podía pagar con su pensión, indicó el sindicato.

La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios por correo electrónico y teléfono de la AP.