Revela un congresista demócrata que Trump mostró un mapa clasificado en un vuelo en 2022
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La carta del legislador Jamie Raskin, principal demócrata en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, amplía la información pública sobre la investigación sobre la retención por parte de Trump de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago
WASHINGTON- El presidente Donald Trump exhibió un mapa clasificado durante un vuelo de 2022 a su club de golf en Nueva Jersey y conservó un documento de su primer mandato tan sensible que solo seis personas habrían tenido acceso a él, según una carta difundida el miércoles por un destacado demócrata de la Cámara de Representantes.
La carta del legislador Jamie Raskin, de Maryland, el principal demócrata en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, amplía la información pública sobre la investigación sobre la retención por parte de Trump de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Cita un documento interno del Departamento de Justicia, revelado recientemente y fechado en enero de 2023, en el que los fiscales mencionaron pruebas que afirmaron haber reunido mientras avanzaban hacia una acusación formal por delito grave contra Trump, que se presentaría meses después.
El memorando relata un vuelo de junio de 2022 al club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, en el que el republicano aparentemente llevó documentos clasificados, y señala que los fiscales “identificaron un mapa clasificado que creemos que Trump pudo haber mostrado a personas a bordo”, según la carta de Raskin. Los fiscales indicaron en su memorando que su investigación sugería que Susie Wiles, futura jefa de gabinete de Trump en la Casa Blanca, estaba en el avión y presenció el episodio, afirmó Raskin.
El memorando de los fiscales también dijo que el FBI había determinado que Trump parecía haber conservado documentos clasificados “pertinentes para sus intereses comerciales”, según la carta de Raskin.
La investigación sobre los documentos clasificados, encabezada por el fiscal especial Jack Smith y considerada durante mucho tiempo la más peligrosa de las cuatro indagaciones penales que enfrentó Trump durante su campaña a un segundo mandato, derivó en cargos por delitos graves que lo acusaban de acaparar documentos ultrasecretos y de obstruir los esfuerzos del FBI para recuperarlos. La acusación formal incluyó señalamientos de que Trump en 2021 exhibió un mapa clasificado relacionado con una operación militar y de que en otra ocasión alardeó con despreocupación de haber conservado un “plan de ataque” del Pentágono que se había preparado para él.
LA CASA BLANCA RESPONDE
Trump ha negado de manera constante haber cometido irregularidades y ha insistido repetidamente en que tenía derecho a conservar los documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca en 2021 después de perder las elecciones ante el demócrata Joe Biden. También ha afirmado, sin aportar pruebas, que los había desclasificado.
En respuesta a la carta de Raskin, la Casa Blanca dijo que él no era creíble. “Es patético que demócratas sin ninguna credibilidad como Jamie Raskin sigan aferrándose en 2026 al desquiciado Jack Smith y a sus mentiras”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “El presidente Trump no hizo nada malo, por eso derrotó con facilidad la campaña sin precedentes de guerra legal del Departamento de Justicia de Biden en su contra y luego ganó casi 80 millones de votos en una victoria electoral aplastante”, añadió.
El Departamento de Justicia afirmó por separado que el equipo de Smith “estaba desesperado por procesar al principal oponente político de Biden, por lo que no sorprende que sus archivos contengan afirmaciones sensacionalistas y falsas sobre el presidente Trump”.
El caso contra Trump fue abandonado tras su victoria electoral en noviembre de 2024, y el Departamento de Justicia citó opiniones jurídicas de larga data que prohíben acusar a presidentes en funciones. Un informe sobre la investigación preparado por Smith permanece bajo sello por orden de la jueza federal de distrito Aileen Cannon, una jurista designada por Trump que emitió fallos favorables a él durante la tramitación del caso de los documentos clasificados.
RASKIN SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
Raskin reveló la existencia del memorando en una carta dirigida a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en la que solicitó más información sobre las acusaciones descritas por los fiscales, incluidas las identidades de los pasajeros del avión hacia Bedminster y qué país aparecía en el mapa clasificado.
En la carta, señaló que el Departamento de Justicia del gobierno de Trump había entregado el memorando al Congreso este mes como parte de un conjunto de documentos “seleccionados a conveniencia” de la investigación sobre los documentos clasificados y de una investigación separada sobre los esfuerzos de Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 después de perder ante el demócrata Joe Biden.
El Departamento de Justicia ha revelado al Congreso registros de esas investigaciones en un esfuerzo por desacreditarlas. Pero Raskin le dijo a Bondi que, en su prisa “por encontrar cualquier retazo de evidencia que pudiera retorcerse y distorsionarse” para atacar a Smith, “usted, de manera bastante asombrosa, ha pasado por alto el hecho de que algunos de los documentos que proporcionó incluyen pruebas condenatorias sobre la conducta de su jefe”.
“Ahora está claro que el Departamento de Justicia está en posesión de pruebas de que el presidente Trump ya ha puesto en peligro la seguridad nacional para promover los intereses de los negocios familiares de Trump”, escribió Raskin en la carta. “Es hora de que deje de encubrirlo y permita que el pueblo estadounidense sepa qué secretos traicionó y cómo pudo haberse beneficiado de ellos. Nuestro país está en guerra, hay vidas estadounidenses en juego, y la respuesta a estas preguntas nunca ha sido más apremiante”.
En su carta a Bondi, Raskin sugirió que, al proporcionar documentos sobre la investigación al Congreso, el Departamento de Justicia del gobierno de Trump pudo haber violado la orden de protección que Cannon impuso y que prohíbe la divulgación de información de la investigación . El departamento calificó esa afirmación de “infundada” y dijo que ninguno de los documentos proporcionados al Congreso reveló asuntos ocurridos ante un jurado investigador.