Trump firma una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional, CPI condena sanciones

WASHINGTON- El mandatario argumentó que la CPI emprendió “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, al y que también ha “abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.

En opinión de Trump, las recientes acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso, poniendo en riesgo directamente al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto”.

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Esa “conducta maligna”, agregó el mandatario estadounidense quien prosiguió afirmando que “amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense” y de sus aliados.

El documento publicado en el sitio web de la Casa Blanca precisa que se entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.

No obstante, resalta el comunicado que Washington continuará comprometido con la rendición de cuentas, y se solicita se pide que la CPI respete la decisión del presidente estadounidense y la de otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de esa corte.

RESTRICCIONES CONTRA LA CPI

En esta orden ejecutiva se contemplan restricciones financieras, así como la restricción de la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a personal que labore en la CPI, así como a su familia inmediata (pareja e hijos), que coadyuven en investigaciones del tribunal en contra de ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.

Trump considera que cualquier denuedo por parte de la CPI con el propósito de investigar, arrestar o procesar a personas protegidas “constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, por por la que añade que podría declarar “una emergencia nacional para abordar esa amenaza”.

En los próximos 60 días, se va a solicitar al Departamento del Tesoro que entregue una lista de personas adicionales que pudieran verse afectadas por esta medida.

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Anteriormente, en 2020, durante su primer mandato Trump impuso sanciones en contra de a entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores en respuesta a una investigación del tribunal sobre supuestos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

RESPONDE LA CPI

“La CPI condena la emisión por parte de Estados Unidos de una orden ejecutiva que busca imponer sanciones a sus funcionarios y dañar su trabajo judicial independiente e imparcial”, precisa la corte en un comunicado de prensa.

Por lo que, “hacemos un llamado a nuestros 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que se unan en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales”, prosigue la nota.

En este sentido, la jueza Tomoko Akane, quien es la presidenta de la CPI, precisó “observo con profundo pesar la emisión por parte de los Estados Unidos de una Orden Ejecutiva que pretende imponer sanciones a los funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), perjudicar la independencia y la imparcialidad de la Corte y privar de justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades”.

Akane detalla que la Corte Penal Internacional “es un órgano judicial que desempeña funciones que se alinean con los intereses de la comunidad internacional al hacer cumplir y promover las normas universalmente reconocidas del derecho internacional, incluido el derecho de los conflictos armados y el derecho de los derechos humanos”.

Siendo así, prosigue la presidenta de la CPI, que la orden ejecutiva firmada por Trump “es sólo el último de una serie de ataques sin precedentes y en aumento que tienen por objeto socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas las situaciones. Esas amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques contra los Estados Partes de la Corte, el orden internacional basado en el estado de derecho y millones de víctimas”.

Por lo que precisa Akane “rechazamos firmemente cualquier intento de influir en la independencia y la imparcialidad de la Corte o de politizar nuestra función judicial. Hemos cumplido y siempre cumpliremos únicamente con la ley, en todas las circunstancias”, y concluye diciendo “hago un llamamiento a todos aquellos que comparten los valores consagrados en el Estatuto a que se unan en la defensa de la Corte: nuestros 125 Estados Partes, la sociedad civil y todas las naciones del mundo”.

HUMAN RIGHTS WATCH Y AMNISTÍA INTERNACIONAL CENSURAN LA MEDIDA EMPRENDIDA POR TRUMP

En comunicado publicado en su sitio web precisa que las sanciones impulsadas por gobierno de Estados Unidos en contra de la CPI debilitarán “la rendición de cuentas internacional por los peores crímenes y privarían de justicia a las víctimas de todo el mundo”.

Para Liz Evenson, quien es la directora de justicia internacional de Human Rights Watch “la orden ejecutiva de Trump sobre la Corte Penal Internacional pone efectivamente a Estados Unidos del lado de los criminales de guerra a expensas de las víctimas de crímenes graves que buscan justicia”, y continúa explicando que “los países miembros de la CPI deberían apoyar públicamente y enérgicamente a la corte por hacer el trabajo para el que fue creada: garantizar que nadie esté por encima de la ley”.

Así mismo, señala la directora de justicia internacional de Human Rights Watch detalla que “las sanciones estadounidenses podrían tener un impacto de amplio alcance en el trabajo de la CPI, socavando cada situación en su agenda”, concluyendo que “los países miembros de la CPI deben demostrar que garantizarán que la CPI siga impartiendo justicia por los peores crímenes, sin importar quién sea el responsable”.

Por su parte, Agnès Callamard, quien es la secretaria general de Amnistía Internacional en respuesta a las acciones llevadas a cabo por el mandatario estadounidense en contra de la Corte Penal Internacional expresó que “esta acción temeraria transmite el mensaje de que Israel está por encima de la ley y de los principios universales de la justicia internacional. Sugiere que el presidente Trump respalda los crímenes del gobierno israelí y está aceptando la impunidad”.

Asimismo, prosigue la secretaria general de Amnistía Internacional, “la orden ejecutiva de hoy es vengativa. Es agresiva. Es una medida brutal que pretende socavar y destruir lo que la comunidad internacional ha construido con mucho esfuerzo durante décadas, si no siglos: normas globales que se aplican a todas las personas y tienen como objetivo impartir justicia para todos. Las sanciones constituyen otra traición a nuestra humanidad común”.

De esta forma, añade Callamard, “Estados Unidos está dispuesto a castigar a una institución que garantiza que los principales responsables de cometer atrocidades no puedan escapar de la justicia. Nadie responsable de crímenes de derecho internacional debe ser protegido ni ayudado en sus intentos de escapar de la responsabilidad individual, y menos aún con la ayuda del gobierno de Estados Unidos, basado en las alianzas políticas del presidente Trump”.

“No se debe proteger ni ayudar a nadie responsable de crímenes de derecho internacional en sus intentos de eludir la responsabilidad individual, y menos aún con la ayuda del gobierno estadounidense, basado en las alianzas políticas del presidente Trump”, continua la secretaria general de Amnistía Internacional.

Por lo que, finaliza Callamard “este ataque contra la CPI busca perjudicar la búsqueda independiente de justicia internacional por parte de la Corte”, añadiendo que en consecuencia, “las sanciones impuestas perjudicarán la rendición de cuentas, un ingrediente crucial para la seguridad global y a largo plazo. Envalentonarán a los perpetradores, presentes y futuros. Afectarán negativamente los intereses de todas las víctimas a nivel mundial y de quienes esperan que la Corte haga justicia en todos los países donde lleva a cabo investigaciones, incluidos Darfur, Libia, Filipinas, Palestina, Ucrania y Venezuela”.

¿QUÉ ES LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y CUÁL ES SU FUNCIÓN?

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene su sede en La Haya desde que fue fundada en 2002; este tribunal se encarga de llevar a cabo investigación, así como juzgar a las personas que son consideradas como las responsables de cometer crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión.

Fue creado bajo el Estatuto de Roma, que está ratificado por 125 países. Sin embargo Estados Unidos, Rusia y China no lo revalidaron.

En este sentido, la CPI no es un tribunal que forma parte de las Naciones Unidas, si no que su jurisdicción está definida por el Estatuto.

En consecuencia actúa como un tribunal de último recurso, por lo que solo interviene cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren procesar presuntos crímenes de la jurisdicción de la CPI.

Son de su competencia para ser juzgados estos cuatro tipos de crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como el crimen de agresión, en el entendido del uso de la fuerza armada por un país contra otro.

No reconoce inmunidad.

Con información de las Agencias de Noticias EFE, The Associated Prees; Human Rights Watch, Corte Penal Internacional , United Nations y Amnistía Internacional.